Algo no encajaba bien; no cuadraba. En el video que hizo circular en su cuenta de Facebook, durante una conferencia de prensa, Horacio Culebro Borrayas lo dijo con perfecta claridad: año 2013. Sí, en ese año —aseguró— se habría entrevistado con Gilberto Rivera Amarillas, acusado por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos de tráfico de drogas.

La revista Proceso, de México, y el periódico Prensa Libre, de Guatemala, entre muchos otros medios, reportaron la detención del presunto implicado, hasta junio del 2016, fecha en la que realmente ocurrió.

También ofreció la versión, a diversos medios, que éste había sido detenido “en octubre del 2016”, mientras esperaba a un equipo de médicos cubanos que habrían de curarle de alguna enfermedad. Las autoridades guatemaltecas, sin embargo, dieron a conocer —oficialmente— que Rivera Amarillas, fue hecho prisionero el 9 de junio, en el aeropuerto Internacional “La Aurora”, cuando pretendía abordar un avión con rumbo a la ciudad de México.

Entonces, Culebro Borrayas acusó a funcionarios y ex-funcionarios de  Chiapas de estar involucrados en las redes del tráfico de drogas a Estados Unidos; basó sus señalamientos en lo que fue una especie de declaración/confesión que le habría hecho Rivera quien, además, le giró la instrucción precisa y tajante de hacer público el contenido de ésta, solo en caso de ser extraditado a los estados Unidos.

Hay que señalar que a algunos dijo que había sido convocado por el presunto traficante para “una consultoría legal” y a otros, que fue invitado “como director de un periódico”.

Muchos quedaron con serias dudas tras las fuertes declaraciones de Culebro Borrayas. El célebre periodista Eleazar Domínguez Torres, logró una entrevista con Cesar Augusto de León Maldonado. Es él, abogado defensor, en Guatemala, de Gilberto Rivera Amarillas. De entrada, el representante del acusado, califica las declaraciones del chiapaneco como “incoherentes, difamatorias y sin fundamento”.

Y ofrece detalles de los protocolos carcelarios en el país centroamericano, los cuales han sido corroborados como ciertos. Resulta incomprensible que un “abogado” o “periodista” extranjero, tenga fácil ingreso a una cárcel de máxima seguridad, especialmente si se toma en cuenta la gravedad de los delitos que se imputan al “interrogado” de Culebro y más, cuando el gobierno de Guatemala había autorizado la extradición hacia Estados Unidos. Según el abogado de Rivera Amarillas (que presentó a Domínguez Torres los memoriales oficiales que acreditan su defensoría del detenido) “ni a sus familiares les era permitido visitarle en la cárcel”.

Agregó que, de acuerdo al protocolo, todas las visitas deben ser autorizadas y notificadas al cuerpo de defensores, lo cual no ocurrió. Y suelta otros datos muy interesantes: Afirma De León Maldonado que en las fechas que ofrece el chiapaneco, no pudo ser posible que le haya visitado en “Pavoncito”, en virtud de haber estado, Rivera Amarillas, detenido en el Centro de Detención para Hombres “Fraijanes I”.

“Fraijanes” es, por decirlo de alguna manera, un complejo de centros penitenciarios, ubicado dentro de la finca “Fraijanes”. Ahí están el Centro de Detención para Hombres “Fraijanes I”, el Centro de Detención para Hombres “Fraijanes II”, la Granja Modelo de Rehabilitación “Pavón”, el Centro de Orientación Femenino (COF) “Fraijanes y el Centro de Detención Preventiva para Hombres en Reinstauración Constitucional, “Pavoncito”. Hasta los últimos días de octubre del año 2016, Rivera Amarillas permaneció en “Fraijanes I”. 

En al menos dos ocasiones, Culebro Borrayas, asegura contundente que la referida cárcel, está “en la ciudad de Guatemala”; no es así. El complejo penitenciario se encuentra en la demarcación del municipio de Fraijanes, a aproximadamente 30 kilómetros de distancia de la capital guatemalteca. ¿A qué cárcel habrá ido?

No es la pretensión defender a nadie; sino exigir a quienes se ostentan como “luchadores sociales”, a conducirse con verdad. El hecho que el abogado del implicado salga para desmentir al señor Culebro, significa que el asunto no se trata de un chisme de lavadero, sino de una acusación seria que debe ser debidamente documentada, antes de lanzarla a la opinión pública.

En primer lugar, porque pone en riesgo la integridad física de los personajes a quienes acusa y lo peor, arrastra al descrédito a medios de comunicación serios y comprometidos con la verdad, que son engañados para propagar infundios.

Culebro dijo haber entregado más de 10 mil fojas de pruebas a la DEA, el FBI la CIA; que las presente a los medios de Chiapas para determinar si miente o no. Ahora está, más que nunca, obligado a aportar pruebas, no solo dichos

La carencia más significativa en el mundo de la política actual es, paradójicamente, el ancla que los partidos lanzan al fondo de su propio fango, para aferrarse a un discurso poco convincente cuando no, oportunista e ineficaz. La figura del “liderazgo moral”, ha desaparecido desde hace décadas de los institutos políticos, sean éstos de izquierda, de derecha, de centro o de cualquier posición ideológica. 

Hace unos días, el izquierdoso Partido de la Revolución Democrática (PRD), alzó en hombros al diputado federal Diego Valera Fuentes —que recientemente renunció a su militancia dentro del gobernante PVEM—, a quien de inmediato, se otorgó el título de “líder moral” de ese partido, al que apenas en la última elección, atacó rabiosamente y acusó de todos los delitos electorales posibles. 

No debería arrastrarnos a terrenos de la sorpresa ese tipo de actos políticos, principalmente al interior de la izquierda mexicana, urgida de nombres para fortalecerse numéricamente; de hecho, el 90 por ciento personajes componentes de esa corriente ideológica, han pertenecido al odiado Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Llama la atención porque con ello, el sistema partidista mexicano envía mensajes perturbadores a la sociedad. En primer lugar, revelan la pérdida de conocimiento general de reglas comunes y sencillas que deben seguirse, para reconocerse entre ellos y ubicar a cada uno en su justa dimensión. 

En segundo, ponen en evidencia la falta de criterios partidarios sólidos que garanticen la idoneidad de quienes aspiren a ser parte de sus filas. Tercero, dejan en claro que la lealtad, no es una exigencia, lo que vulnera sus estructuras y pone en riesgo la credibilidad de los partidos. Cuarto, que el trabajo de años que han realizado algunos viejos militantes del PRD, no cuenta; en cambio sí, el arribismo de un niñato que apenas sabe deletrear las siglas de ese partido. 

Todo indica que la urgencia no es convencer a la sociedad con acciones coherentes y responsables, sino atiborrar sus filas con personajes que solo aportan descrédito y desconfianza. Elevar a rango de “líder moral” a un diputado federal que ha pasado por diversos partidos y se cambió de siglas, no por convicción sino por ambiciones personales, ha sido un craso error de la dirigencia nacional de ese partido. 

Un error calculado, por supuesto. Un “error” que reditúa, no votos, sino posiciones perfectas para el chantaje político y la componenda electoral que mantenga los privilegios de los dirigentes. Esa y no otra es la triste realidad de la izquierda mexicana, que se ha convertido en una especie de drenaje, por el que circulan políticos corruptos, desleales, mentirosos, deshonestos y oportunistas.

¿Saben en el PRD qué es un “liderazgo moral”? Para constituirse un liderazgo de esa índole, es necesario que líder y seguidores, posean un alto sentido de dignidad, lealtad y compromiso con la causa que encabezan. Debe reunirse una serie de elementos, valores y principios éticos, además de conocimientos profundos de las metas que se persiguen. 

Es notorio que quienes han elevado de categoría a un advenedizo, no han leído a Sartori, Laporta o Kuschera; desconocen elementales normas políticas que en el pasado, con todo y sus defectos, hacían del partidismo, entes respetables e instituciones autorizadas para influir en las formas de gobierno. 

Un verdadero liderazgo debe asentarse en buenas costumbres, creencias firmes, ideas sólidas, valores incuestionables y principios inatacables. Fundarlo en lo contrario, como sucedió con Valera Fuentes, es ir contra la corriente general que exige liderazgos confiables y políticos serios.

¿En qué se han basado para nombrar “líder moral” a un personaje que anteriormente había traicionado a ese mismo partido?  ¡Es incongruente! Ese título solo deberían tenerlo quienes han permanecido en las filas del PRD desde su fundación; quienes a pesar de los graves problemas internos, han defendido su ideología e incluso, han sufrido persecución y cárcel por ello. ¿Pero, Valera? 

Puede ser que los dirigentes del PRD estén a tiempo para revertir esa decisión. A menos que prefieran la burla y el encono al interior, la mantendrán, lo cual significaría el retorno al tristemente célebre “cochinero” con que empezó su debacle. La moral, no es cosa de posturas y oportunismos, sino de actos que revaloren al ciudadano y recompongan la desordenada política del país. 

A Javier Duarte de Ochoa, desde muy temprano empezaron a notarle sus habilidades para la desviación de fondos públicos. Rodeado de colaboradores eficaces para las maniobras sucias, creó figuras “morales” fantasmas para encubrir el inmenso saqueo que se propuso deliberadamente.

Su fin: sumir en la más grande ruina política, económica, moral y financiera a Veracruz, estado socorrido en los últimos sexenios por gobernantes corruptos que, gracias a la complicidad de las instituciones locales y federales, han sido exonerados e incluso, premiados con otros cargos públicos.

Quienes han vivido de cerca la crisis de esa entidad, no dudan en ofrecer pruebas del vandalismo institucional que encabezó Duarte hasta que decidió presentar licencia definitiva al cargo de gobernador.

No ha sido necesario rebuscar en la cuenta pública de cada institución involucrada en el robo, datos y cifras para confirmar las acusaciones en contra del mandatario que a pesar de su retiro, parece estar dispuesto a hacer uso permanente de la coerción sobre los órganos domésticos que le investigan, para evitar su confinamiento.

La deuda pública de Veracruz se acentuó con la llegada de Duarte de Ochoa; a los pocos
meses, las arcas estaban vacías, a tal grado que no había recursos siquiera para pagar la nómina del estado.

Empresarios, productores, comerciantes y prestadores de servicios, maestros y burócratas exigían el pago por las adquisiciones que se hicieron en los primeros meses y el pago de salarios. Fueron desoídos y lo peor: perseguidos por las fuerzas del orden que para entonces, ya estaban ligadas con grupos criminales.

Han sido éstos últimos los que han cargado con la acusación de la muerte de cientos de civiles, entre éstos, casi dos docenas de periodistas y muchos luchadores sociales inconformes con la administración del ahora exgobernador, cuya familia no estuvo exenta del mal uso de los recursos públicos.

A ésta se le atribuye la compra, vía prestanombres, de propiedades en otros estados y el extranjero y de la apertura de cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Islas Caimán y Panamá, por citar algunos ejemplos.

A Duarte hay que reconocerle su habilidad para robar, pero no para esconder sus huellas. Una de sus últimas pifias fue anunciar públicamente que había recibido, mediante “herencia”, propiedades y cuentas bancarias de uno de sus subordinados.

Pretendió con ello gastar a manos llenas el dinero robado a los veracruzanos, quienes estarían, según él, obligados a respetar la voluntad de un generoso funcionario que antes de ser miembro del gabinete estatal, no tenía dónde caer muerto… Y ahora, heredaba una enorme fortuna a su jefe. Con ello, el exgobernador veracruzano mostró el grado de estupidez en que se desenvuelve.

El clima de inseguridad en la vecina entidad no puede escapar a la larga lista de males que ha dejado dolor y muerte en cada municipio. Los cálculos de expertos en la materia indican que por lo menos, ocho de cada 10 policías de Veracruz, están implicados en los miles de asesinatos ocurridos durante la gestión de Duarte. Cinco de éstos, contra su voluntad, pues eran obligados por los altos mandos quienes a su vez, recibían la instrucción del gobernador.

Ahora bien, ¿es privativo solo de Veracruz el altísimo grado de corrupción que obligó al gobernante a solicitar licencia para enfrentar las sólidas acusaciones en su contra? No. Por desgracia, en la mayoría de estados mexicanos, dicha práctica es cotidiana y preocupante.

Los últimos datos sobre transparencia en el país son abrumadores: en 19 estados, las cuentas públicas siguen siendo ejercidas sin control y bajo mecanismos dudosos, de los que se desprenden serias sospechas de corrupción. Solo seis han cumplido con los protocolos, dejando de todas formas, explicaciones pendientes. En el resto la cosa es peor: ni siquiera han presentado documentación que avale el buen ejercicio del erario.

Paradójicamente, todos los días leemos y escuchamos sendos discursos contra la corrupción. Nos dicen que se ha avanzado, que cada vez son menos los funcionarios que roban, en fin. Pero la realidad es otra; la verdad es que seguimos siendo saqueados por hombres y mujeres dentro de la estructura del poder. Y eso es grave, preocupante.

Duarte se ha ido; tardíamente. ¿Es su retiro el principio de su fin como ladrón institucional? ¿Es, su probable encarcelamiento, el fin de todos los corruptos, empezando por el presidente de la república? No. Más bien parece el chivo expiatorio de todo el aparato gubernamental. Porque muchos otros siguen robando a sus anchas. Así, nunca se erradicará la corrupción.

Algo no encajaba bien; no cuadraba. En el video que hizo circular en su cuenta de 
Facebook, durante una conferencia de prensa, Horacio Culebro Borrayas lo dijo con perfecta claridad: año 2013. Sí, en ese año —aseguró— se habría entrevistado con Gilberto Rivera Amarillas, acusado por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos de tráfico de drogas. La revista Proceso, de México, y el periódico Prensa Libre, de Guatemala, entre muchos otros medios, reportaron la detención del presunto implicado, hasta junio del 2016, fecha en la que realmente ocurrió.

También ofreció la versión, a diversos medios, que éste había sido detenido “en octubre del 2016”, mientras esperaba a un equipo de médicos cubanos que habrían de curarle de alguna enfermedad. Las autoridades guatemaltecas, sin embargo, dieron a conocer —oficialmente— que Rivera Amarillas fue hecho prisionero el 9 de junio, en el aeropuerto Internacional “La Aurora”, cuando pretendía abordar un avión con rumbo a la ciudad de México. 

Entonces, Culebro Borrayas, acusó a funcionarios y exfuncionarios de Chiapas de estar involucrados en las redes del tráfico de drogas a Estados Unidos; basó sus señalamientos en lo que fue una especie de declaración/confesión que le habría hecho Rivera quien, además, le giró la instrucción precisa y tajante de hacer público el contenido de ésta, solo en caso de ser extraditado a los estados Unidos.

Hay que señalar que a algunos dijo que había sido convocado por el presunto traficante para “una consultoría legal” y a otros, que fue invitado “como director de un periódico”. 
Muchos quedaron con serias dudas tras las fuertes declaraciones de Culebro Borrayas.

El célebre periodista Eleazar Domínguez Torres, logró una entrevista con Cesar Augusto de León Maldonado. Es él, abogado defensor, en Guatemala, de Gilberto Rivera Amarillas. De entrada, el representante del acusado califica las declaraciones del chiapaneco como “incoherentes, difamatorias y sin fundamento”.

Y ofrece detalles de los protocolos carcelarios en el país centroamericano, los cuales han sido corroborados como ciertos. Resulta incomprensible que un “abogado” o “periodista” extranjero tenga fácil ingreso a una cárcel de máxima seguridad, especialmente si se toma en cuenta la gravedad de los delitos que se imputan al “interrogado” de Culebro y más, cuando el gobierno de Guatemala había autorizado la extradición hacia Estados Unidos.

Según el abogado de Rivera Amarillas (que presentó a Domínguez Torres los memoriales oficiales que acreditan su defensoría del detenido) “ni a sus familiares les era permitido visitarle en la cárcel”. 

Agregó que, de acuerdo al protocolo, todas las visitas deben ser autorizadas y notificadas al cuerpo de defensores, lo cual no ocurrió. Y suelta otros datos muy interesantes: Afirma De León Maldonado que en las fechas que ofrece el chiapaneco, no pudo ser posible que le haya visitado en “Pavoncito”, en virtud de haber estado, Rivera Amarillas, detenido en el Centro de Detención para Hombres “Fraijanes I”. 

“Fraijanes” es, por decirlo de alguna manera, un complejo de centros penitenciarios, ubicado dentro de la finca “Fraijanes”. Ahí están el Centro de Detención para Hombres “Fraijanes I”, el Centro de Detención para Hombres “Fraijanes II”, la Granja Modelo de Rehabilitación “Pavón”, el Centro de Orientación Femenino (COF) “Fraijanes y el Centro de Detención Preventiva para Hombres en Reinstauración Constitucional, “Pavoncito”. 

Hasta los últimos días de octubre del año 2016, Rivera Amarillas permaneció en “Fraijanes I”. En al menos dos ocasiones, Culebro Borrayas, asegura contundente que la referida cárcel, está “en la ciudad de Guatemala”; no es así.

El complejo penitenciario se encuentra en la demarcación del municipio de Fraijanes, a aproximadamente 30 kilómetros de distancia de la capital guatemalteca. ¿A qué cárcel habrá ido? 

No es la pretensión defender a nadie; sino exigir a quienes se ostentan como “luchadores sociales”, a conducirse con verdad. El hecho que el abogado del implicado salga para desmentir al señor Culebro, significa que el asunto no se trata de un chisme de lavadero, sino de una acusación seria que debe ser debidamente documentada, antes de lanzarla a la opinión pública. 

En primer lugar, porque pone en riesgo la integridad física de los personajes a quienes acusa y lo peor, arrastra al descrédito a medios de comunicación serios y comprometidos con la verdad, que son engañados para propagar infundios.

Culebro dijo haber entregado más de 10 mil fojas de pruebas a la DEA, el FBI la CIA; que las presente a los medios de Chiapas para determinar si miente o no. Ahora está, más que nunca, obligado a aportar pruebas, no solo dichos.