No debe ser complicado mudar de siglas cuando en la intentona de pertenecer a la izquierda se privilegian intereses personales y ambiciones de poder a espaldas de los representados,  si es que éstos existiesen y si los hubiere, haya uno que hubiera ofrecido un voto a quien hoy cambió de piel.

Es obvio que me refiero al senador Zoé Robledo Aburto, quien nació en las entrañas más perversas del PRI, se trasladó —por mera conveniencia— al PRD y ahora —por ambigüedades ideológicas y aspiraciones inciertas—, cubre su desnudez con la camiseta de un partido de extrema izquierda.

Era, el senador Robledo, uno de los pocos que, se creía, conocía la sensatez y que pudiera haber sido dueño de una pizca de convicción; su mutación de colores dentro de la raída izquierda mexicana desilusiona a sus seguidores y pone sobre la mesa de discusiones los valores y principios de quienes no han sabido construir una oposición digna y respetable en el país. 

No es malo que Zoé abandone a un partido sin credibilidad y confianza; tampoco es bueno que se instale en otro, en el que priva la unilateralidad y se prohíbe expresamente la libertad de opinar, a no ser que se sigan lineamientos arbitrarios y se asuman posturas radicales que ponen en riesgo la estabilidad de un país sumido en recurrentes e insalvables crisis de toda índole. 

El hombre que llegó al Senado sin haber ganado un solo voto; el que fue impuesto como regalía a su valiosa sumisión en el Congreso del Estado, solo esperó el tiempo necesario para dar el paso que requería, para desplazar a otros contrincantes dentro del partido de Andrés Manuel López Obrador, a quienes el cuasi eterno candidato presidencial había otorgado serias esperanzas de ser los abanderados de MORENA. 

Al interior de ese partido, el advenimiento del hijo del ex-gobernador Eduardo Robledo Rincón ha provocado un sisma. No por su calidad moral; eso queda perfectamente claro, sino por las formas y el oportunismo que reconfirma el mal uso de las instituciones políticas para el acaparamiento de poder, principalmente en un estado en el que se han desbordado, irresponsablemente, las aspiraciones para la gubernatura. 

Hasta hoy, era meritoria la inteligencia discursiva del senador Robledo Aburto; sus acciones, desapegadas a las ideas que esparció desde su ahora ex partido, el PRD, demuestran que no ha aprendido nada de la historia y sí, es un fiel ejecutor de antiguas mañas de los políticos que arrastraron al país a la debacle política, social y económica.

Pasar a formar parte de MORENA no le limpia los pecados políticos que ha cometido. 
Al contrario, le embarra más de la podredumbre política y le ubica como un aprendiz más de lo mal que se hacen las cosas en México. Pasarse a otro partido, no lo hace mejor. Porque lo ha hecho por la ambición de gobernar a un estado que conoce solo por referencia paternal. 

Lo rescatable vendrá cuando conozcamos la reacción y postura de otros políticos —igualmente de arribistas que Zoé— que tenían la misma aspiración. ¿Seguirán apoyando el proyecto de Andrés Manuel? ¿Saltarán a otro partido? ¿Se sumarán a los intereses del senador? ¿Reclamarán el engaño y los embustes al dueño de MORENA? 

Mucha gente veía en Zoé Robledo a un muchacho inteligente, capaz, responsable, respetuoso; lo muy poco rescatable dentro de la nociva fauna política. Hoy, todo queda en duda, sino es que en nada. Y todo por ambiciones fácilmente explicables: alcanzar el poder sin un proyecto viable, creíble, confiable. 

No solo el senador ha optado por abrazar a la izquierda fundamentalista. Hay otros políticos que intentan hacer lo mismo. Algún poderoso pitoniso habrase desatado en alguna parte y les ha mostrado el futuro de México, de tal forma que mudarse a MORENA, es la tendencia, la moda, aunque no por eso, es la solución a los grandes y graves problemas del país. 

Si lo fuera, que bueno; excelente. Pero para lograrlo, se requieren políticos honrados, no chapulines que un día se levantan de un color y conforme pasan las horas cambian de ideas. Esos no le sirven a nadie, más que a sus propios intereses. Zoé Robledo es la mejor muestra de ello. Ahí lo ven.

El dramático suceso en cuyo centro aparece una chica presuntamente violada (recurro al 
adverbio “presuntamente”, en virtud de la incertidumbre jurídica y legal que se creó alrededor y porque al final, los indicios cayeron en terrenos de la conjetura), revivió dos polémicas y un reclamo permanentes: la del trato con respecto a las víctimas en los medios de comunicación, la postura de grupos dedicados a la defensa de los derechos de la mujer y la exigencia de justicia para quienes son víctimas de ataques brutales. Y un tema preocupante que tiene qué ver con el manejo institucional de contenidos tan delicados como el citado.

Independientemente de las diversas versiones que se conocieron en torno al caso, vemos con indignación la indiferencia de las autoridades que, en primer lugar, descuidan las formas procedimentales exponiendo a la víctima como carnada, lo que ha sido aprovechado por tiros y troyanos para engordar caldos de festín arrabalero. 

Todo ello ha dado pie a figuraciones variopintas que alimentan sospechas y desnudan las carencias institucionales, no solo para garantizar justicia a la víctima y castigo a los responsables, sino para fortalecer políticas públicas que sostengan futuras acciones en favor de miles de mujeres que son maltratadas y que hasta hoy, permanecen bajo yugos inaceptables de sumisión, sometimiento y abusos.

Por desgracia, la revictimización de ellas es un hecho que se da en todos los ámbitos y proviene de distintas fuentes; desde el funcionario que irresponsablemente da a conocer el hecho hasta grupos de interés que ven la oportunidad para sobresalir, pasando por medios de comunicación que relegan criterios éticos en el momento de procesar la información, muchas veces vertida por fuentes “extraoficiales” sesgadas.

En el caso de la joven de quien se dijo que fue raptada, drogada, violada y golpeada por al menos dos hombres (otra versión dice que fueron tres), se conjuntaron todos los elementos para considerar que —al margen de todo lo que ha surgido—, hubieron claras intenciones para cuando menos, minimizar el escándalo mediático y desestimar la versión de la víctima, quien ha querido dar por zanjado el asunto al retractarse de su primer declaración y asegurar que nunca fue violentada ni física ni emocional ni sexualmente. 

En el supuesto que ella así lo hubiere determinado, lo conducente es respetar su decisión. Si fue presionada, amenazada o coaccionada, o concluyó no seguir con el tema por así convenir a sus intereses, ya es cosa muy suya. Mantenerla como bandera, sería una intromisión a su vida privada y se le estaría revictimizando aún más, lo cual sería caer en los mismos vicios que se critican. 

En lo que se debe trabajar es la correcta orientación para el manejo de éstos casos. La declaración del jefe policial que presumió el hecho como consecuencia del modo de vida de la jovencita, si bien es criticable, también debe ser objeto de acciones preventivas, no solo para él, sino para todos los funcionarios de todos los niveles. El hombre en cuestión, si mal no recuerdo, reprodujo la versión de la madre de la víctima lo cual podría ser válido; lo condenable es la forma como lo dijo. Demostró insensibilidad y valemadrismo puro. 

Por otro lado, hubo la filtración de fotos y datos personales de la víctima, poniendo en riesgo su integridad física y emocional. De ahí la urgencia de una investigación a fondo para evitar que en el futuro, otras posibles víctimas sean exhibidas irresponsablemente. El o los funcionarios que filtraron lo anterior, deben ser sancionados, porque con ello, impiden la denuncia de actos criminales de esa naturaleza. 

¿Y los medios de comunicación? También tienen el deber de cumplir con parámetros éticos. Personalmente, me indigna ver fotos de mujeres mutiladas. Me indigna que los medios tapen los ojos de criminales confesos para “protegerlos” y sí, exhiban el rostro de una mujer asesinada o de niños ensangrentados. Los medios deben sensibilizarse; establecer protocolos para el procesamiento de las noticias. 

Por último y concerniente a los grupos de defensores de los derechos de las mujeres, deben ser colaboradores eficaces de la autoridad en materia de sensibilización y prevención. Se vale exigir, pero no después de un hecho consumado. Antes debe actuarse. Ahí está la clave del éxito para ir avanzando en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por supuesto, las autoridades superiores deben ser sensatas y cesar y sancionar a quienes en éste asunto, hicieron mal las cosas. Funcionarios irresponsables, indiferentes e insensibles, no debe haber. Ni uno más.

La pasada semana estuvo marcada por el debate en torno a los orígenes, consecuencias y 
reacciones de un triste episodio que creíamos era privativo de las escuelas estadounidenses: la letal agresión de un estudiante contra sus compañeros y su maestra, un acto brutal que reactivó antiguas prácticas de seguridad escolar y removió alegatos que en el país adquieren tintes temporales sin que ninguna de las conclusiones definan estrategias permanentes para garantizar la seguridad en las escuelas. 

En la larga exposición de ideas, surgieron desde las más inverosímiles hasta las menos viables, sin que hasta hoy ninguna propuesta pueda ser aplicada sin pasar por los caprichosos filtros de diversos sectores, muchos de los cuales se oponen aún a medidas emergentes que pudieran contener cualquier otro intento similar.

En ese contexto, grupos ha habido —primordialmente de padres de familia y organismos defensores de los derechos humanos— que han calificado la revisión de mochilas como la “criminalización” de los estudiantes, argumento insípido, pero que se ha convertido en una taxativa que vulnera la integridad física de millones de educandos en el país. 

Otros han optado por el reproche y la descalificación de las responsabilidades familiares, acusando a los padres de familia de haber abandonado antiguos principios y normas, a cuya ausencia atribuyen el actual comportamiento de los niños y jóvenes.

Ambas partes tendrían su dosis de razón, a no ser porque al final todos hemos fallado en la tarea de proporcionar a esas generaciones los elementos básicos para conducirse de manera apropiada en la sociedad.

Muchos son los factores que nosotros mismos hemos creado para facilitar el descarrilamiento de millones de niños, empezando por la indiferencia en el seno familiar y terminando por el sobre-proteccionismo, a veces irracional, de organismos defensores de los derechos de los niños. 

No ha habido un justo equilibrio ni una zona delimitada en cuanto a los derechos y responsabilidades, internas y externas, de padres e hijos. He ahí la gran grieta que ha hecho la diferencia entre el bien y el mal que inculcamos a nuestros hijos.

Pero más allá de valores y principios perdidos —que debe preocuparnos y acercarnos a la obligación de recuperarlos lo más pronto posible, para forjar futuras generaciones responsables—, está la lamentable inercia para enfrentar e informar sobre situaciones de esa naturaleza. 

Apenas habían pasado unos minutos de la balacera provocada por el muchacho, y ya circulaban en redes sociales videos y fotos perturbadoras del hecho. Cierto es que en las redes sociales ese tipo de asuntos es imposible de controlar, pero su difusión en medios de comunicación, aparentemente serios, resultó de lo más patético, irresponsable y carente de ética y profesionalismo. 

Con todo y sus repercusiones, no fueron pocos los que defendieron la publicación, como si estuviesen en una competencia de público y no en un país con obligaciones civiles y valores éticos. “Es nuestra libertad de expresión”, gritaron los menos indicados, que perecen no estar enterados de los criterios y principios que rigen tal libertad, acusando a quienes pidieron no publicar ni compartir el material en cuestión, de “represores”.

No han entendido que la libertad de expresión no es un mecanismo apologético, sino una profesión que cuenta con una regulación deontológica, que se fundamenta en un derecho y se rige, principalmente, por criterios, principios y valores éticos y morales que nada tienen que ver con la insana ambición de reproducir actos deplorables, en aras de conseguir más lectores o, en el caso de las redes sociales, más likes.

En defensa de algunas prácticas periodísticas comunes, relacionadas con la libre y legítima competencia informativa, hay que decir que es válido informar con prontitud, oportunidad, veracidad y verdad, lo cual no significa que se deban atropellar derechos de terceros, como los de las víctimas (especialmente porque eran menores de edad) y los familiares de éstas. En eso, nos debemos un debate a fondo. 

Por lo demás, es urgente que padres de familia e hijos busquen un acercamiento, entendido éste como formas de convivencia humana, alejados de artefactos tecnológicos que, si bien son útiles y necesarios, desvanecen toda posibilidad de contacto físico y conocimiento del entorno de cada uno.

De nada sirve culpar a los padres del niño que disparó contra sus compañeros y maestra, o condenar al victimario o criticar al sistema educativo u oponerse a las medidas para evitar más casos como ese, si nosotros no empezamos a rescatar a nuestras propias familias.

Estamos a tiempo de hacerlo.

¿Debemos preocuparnos por la estancia de Donald Trump en la Casa Blanca? Sí y no. No, porque el sistema legal estadounidense no es fácil de burlar, a menos que el llamado 
establishment gringo se someta a los dictados unilaterales del recién ungido presidente y permita que el legado histórico de ese país, desaparezca y sea sustituido por leyes draconianas como ocurre actualmente en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, por ejemplo. 

Sí, porque en el caso de México, el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto no cuenta con una estrategia firme y confiable para hacer frente a las políticas ultranacionalistas de Trump, quien ha amenazado con destruir el esquema económico y comercial entre las dos naciones. Hasta hace unas horas, el gobierno mexicano esbozó algunas medidas que frente a la magnitud del problema, son solo ideas sueltas que no conforman una maniobra sustentable.

“Ni sumisión ni confrontación”, adelantó el presidente mexicano, justo cuando personeros de Washington detallaban la próxima visita de Peña Nieto a la oficina oval; una visita sin más augurios que la imposición de la potestad de Trump sobre temas candentes que. sin duda, se van a reflejar en el peso y la debilitada economía mexicana. 

Desde antes de asumir el cargo, el presidente estadounidense ya había hecho suficiente para quebrar los vínculos comerciales y financieros de México. Obligó a casi toda la industria automotriz a retirar sus activos del país y amenazó a compañías no estadounidenses con incrementarles impuestos si permanecían aquí. Todo ello y otras acciones anti-mexicanas, evidentemente no son tareas proteccionistas propias de un presidente preocupado por los suyos; es la manifestación expresa de odio, discriminación, xenofobia, racismo… 

¿Sobre esa base acudirá Enrique Peña Nieto a “negociar” con Donald Trump? ¿Qué va a negociar? ¿Qué más entregará de México a los estadounidenses? El presidente de esa nación no goza de buena fama como negociante; muchos han sido los escándalos por despojos, negocios turbios, sobornos y amenazas en que se ha visto envuelto.

Su emporio financiero no se hizo de la mejor manera, lo que nos obliga a pensar que recurrirá a las mismas tácticas para sacar la raja más grande. Por desgracia, el señor Peña Nieto no solo no es buen negociante, sino que goza de pésima reputación como corrupto, mentiroso, desleal, mercenario… 

Las condiciones no son halagüeñas; no hay el menor de los optimismos, aun cuando Peña Nieto ha ofrecido dialogar —y convencer— con Trump.

Será una negociación entre un sordo y un necio. Entre dos presidentes impopulares que buscan legitimarse ante dos pueblos indignados, molestos. 

Hemos escuchado decir al presidente mexicano que el superior interés de su administración, es proteger a los mexicanos residentes al otro lado del río Bravo. Ante la terquedad de su contraparte, debemos estar preparados para el fracaso; tan imposible será hacer entrar en razón a Trump, como imposible será repatriar a millones de connacionales, sin que implique un alto costo monetario, social y político al gobierno gringo. 

En ese contexto, lo mejor será voltear a otras partes del mundo, como ya lo ha imaginado el presidente mexicano. Solo imaginado. Porque habrá de establecerse vínculos sobre bases pertinentes, con una visión amplia y con capacidades competitivas reales. Toda negociación con Estados Unidos debe ser suspendida, hasta en tanto Trump no dé muestras de respeto a los mexicanos.

En torno a su estancia en la Casa Blanca, no será de nuestra incumbencia si somete o no a sus gobernados, si inicia una guerra contra éste o aquel país; ellos los “eligieron”, ellos que se aguanten. Si revisamos la historia entre México y Estados Unidos, con cada presidente han existido desavenencias, desencuentros y malos entendidos.

Ahí está el tema migratorio; desde que tengo memoria, ambos países se han desgreñado por ello y no ha pasado nada. Incluso, en la administración de Obama hubo más deportaciones que en la era Bush. 

Es tiempo que México dé una lección de dignidad, no al pueblo estadounidense, sino a su gobernante, un hombre al que cualquier calificativo peyorativo, le viene al dedo, por su extrema vulgaridad y majadería. No puede un país entero, por capricho de su presidente, someterse al capricho de otro presidente que no ha tenido más que groserías para sus vecinos.

Si Peña Nieto tuviere una pizca de vergüenza y de verdad estuviese defendiendo los más altos intereses de los mexicanos frente a Trump, le dejaría plantado. Digo. Nada más digo.