Con el objetivo de contar con los métodos para el intercambio de datos e información, así como tener conocimiento la ubicación precisa, modos de operación y estructuras operativas y financieras de las bandas delictivas, este lunes la Fiscalía General del Estado firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República para la instalación de la Red Nacional de Información Criminal.

En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, señaló que los avances obtenidos en materia de seguridad, administración y procuración de justicia tienen como razón principal la estrecha coordinación interinstitucional.

En este encuentro estuvieron presentes, la directora general adjunta de la Agencia de Investigación Criminal, Yuriria Torres Páez; el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad Ciudadana de Chiapas, David Zamora Rincón.

El encargado de la política interna sostuvo que las acciones comunes de combate a la delincuencia a través de la prevención de delitos, operativos conjuntos y planeación en la Mesa de Seguridad, se fortalecen con el establecimiento de la Red Nacional de Información Criminal, con el cual se da cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

 Por su parte, la directora general adjunta de la Agencia de Investigación Criminal dio a conocer que este esquema es un instrumento para que las instituciones de procuración de justicia intercambien información que será fundamental para determinar las investigaciones y sumar las capacidades del Estado Mexicano.

 “Tenemos claro que el Fiscal Raciel López Salazar ha generado mecanismos de participación ciudadana, dando paso a la transparencia, y como ejemplo hoy están aquí los empresarios de Chiapas, por eso reconozco la labor del gobernador Manuel Velasco Coello, porque Chiapas demuestra que las cosas sí se pueden hacer, y ustedes se están colocando como el primer lugar con la Unidad de Análisis de Información”, afirmó.

En su mensaje, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, dijo que a través de este convenio se consolidarán los mecanismos de intercambio de datos e información criminal con mayor precisión, a fin de hacer más eficiente el actuar y el combate a la impunidad, en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Agregó que la dispersión de la información es uno de los mayores vacíos estructurales, toda vez que su recopilación, concentración y validación, no tiene los niveles de homologación y certeza que la materia requiere, por ello señaló que este convenio fortalecerá el adecuado funcionamiento de los sistemas de inteligencia.

 “Estos instrumentos de colaboración para el análisis de información criminal permitirán emitir diagnósticos para el despliegue eficaz de políticas públicas y programas preventivos, el combate al delito y la prevención de escenarios de riesgo”, mencionó.

 También permitirá que el trabajo del Ministerio Público se vea fortalecido en la incorporación de elementos del debido proceso, así como en el tratamiento científico de los peritos en la presentación de evidencias y pruebas para una sentencia condenatoria.

La OCEZ RC se instaló en plantón indefinido en la plaza catedral de San Cristóbal de Las Casas, hasta que se cumpla con los acuerdos que han firmado para retornar a 150 familias a los predios de donde fueron desalojados.

Juan Sebastian Espinosa Arias, vocero de la organización, aseguró que también exigen el pago inmediato de 581 hectáreas y la agilización de solicitud de tierras.

Dijo que a 60 días de haber sido desalojadas las familias del predio La Primavera, Francisco Villa del municipio Las Rosas; Unión El Refugio de Venustiano Carranza, y Francisco Villa del municipio de Amatenango del Valle  y del Predio Las Granadas en noviembre de 2016, se encuentran acampadas en el tramo de carretera El Cascajal, sufriendo las inclemencias del tiempo, pasando hambre mujeres y niños.

Dijo que han sido atendidos en mesas de diálogo con el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien a la vez comisionó al subsecretario Jorge Utrilla y Rafael Góngora Aguilar, así como el secretario de Transportes, Mario Carlos Culebro Velasco.

En esas reuniones las autoridades se comprometieron a cancelar toda orden de aprehensión en contra de sus compañeros, la reactivación inmediata de la pensión vitalicia de sus compañeras viudas y lesionados José Santos López Aguilar, María de la Cruz Gómez y Natalia Hernández Solano.

Asimismo, la regularización del transporte en modalidad de taxi, mototaxis y camiones de bajo tonelaje; comprometiéndose a respetar las rutas sin aplicar ningún operativo.

En el tema productivo, el gobierno se comprometió a instalar una mesa de trabajo con la presencia del secretario del Campo y otras mesas de educación, salud, infraestructura y vivienda.

En el campamento se encuentran comisiones de los diferentes grupos de desplazados

·         Muchas de ellas lo hacen con vehículos último modelo sin que estos estén rotulados, lo cual hace imposible su identificación

La presidenta de la Comisión de Movilidad y Transportes del Congreso del estado, María de Jesús Olvera Mejía, denunció que tan sólo en la capital del estado existen aproximadamente 250 terminales de taxis y transporte de pasajeros que operan en el clandestinaje.

“Se debe hacer notar lo preocupante de esta situación, pues al ubicarse la mayoría de estas despachadoras de unidades en la zona Centro de la ciudad, originan infinidad de problemas, entre ellos congestionamiento vial y aumento de la delincuencia, por citar sólo dos”, dijo.

Señaló que al ser Tuxtla Gutiérrez la ciudad donde se hallan las oficinas de las dependencias más importantes, las personas llegan de todos los rincones del estado para realizar trámites de diversa índole, con la desventaja para quienes vivimos aquí que arriban al primer cuadro de la capital causando los problemas anteriormente citados”, remarcó.

Aseguró que muchas de las compañías que prestan el servicio de transporte de pasajeros lo hacen por medio de unidades automotrices último modelo para evitar así el pago de las concesiones respectivas, pues no les instalan logos ni número de serie lo cual hace imposible su identificación.

La legisladora pidió a las autoridades del Transporte, específicamente el titular de la Secretaría del ramo, Mario Carlos Culebro Velasco, a investigar a estas empresas, pues “está claro que alguien pesado está detrás de éstas apadrinándolas para que operen en la clandestinidad”.

Haciendo un rápido análisis aceptó que este tipo de problemáticas surgen por la falta de interés de todos los involucrados. “Son todos, incluida mi Comisión. Y es que debemos reunirnos y llegar a acuerdos, pues no es posible que por un lado se detengan en operativos a unidades piratas y, por el otro lado, alguien ‘poderoso’ haga una llamada para que se dejen libres”.