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Incrementará sus créditos el Infonavit, aquí

La delegación estatal del Infonavit en Chiapas ha entregado más de mil 700  créditos de vivienda a trabajadores, principalmente en los  municipios de Tuxtla  Gutiérrez y Tapachula.

Además , al inicio del  primer  semestre del año se  tiene controlado la cartera vencida con un índice 5.3 % , reveló la delegada  estatal  Roció Terán.

Dijo que se trae una derrama económica de mil 500  millones de pesos aproximadamente en 2016, y al momento llevamos una tercera parte, tenemos que hacer el doble porque ahora son 4 mil 300 créditos que tenemos que originar; esto genera empleo para el estado, compra de materiales.

Además, comentó que a partir del 4 de abril de este año, el INFONAVIT incrementó los créditos de 300 a 380 mil pesos para los trabajadores.

En   cuanto  a la recuperación de la cartera vencida  en Chiapas  se tiene una recuperación importante ubicándose Chiapas en el lugar número 16  en todo el país.

Indicó que se está  a la mitad  en el lugar 16. Traemos el 5.03 %  y el monto de recuperación es de 6 mil créditos en cartera vencida y la solicitud de pago de cada crédito es de mil 500.

Puntualizó que inclusive, que si  los derechohabientes no tienen la capacidad de pagos se genera un convenio para reestructurar la cartera  vencida. 

 

 

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Secreto Público

Es apenas un primer paso. Falta mucho que andar, pero algo se avanzó. El Congreso de Jalisco logró aprobar la reducción de financiamiento público a los 
partidos políticos.

Los partidos políticos le cuestan muy caro a los mexicanos. Cómo faquires, los mexicanos aportan dinero de contribuciones hacendarias para el mantenimiento y desarrollo de estas entidades de interés público que “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”, según se lee en el Artículo 3° de la Ley General de Partidos políticos. 

Es de todos conocido el accionar de los partidos políticos, sabemos que poco contribuyen a la finalidad para la que están planteados, por eso es que el paso que dio el Congreso del Estado de Jalisco es trascendental en materia electoral y ejemplo para otros congresos estatales.

En términos económicos se logró que en vez de gastar aproximadamente 260 millones de pesos cada 12 meses, solamente representara un egreso de 80 millones de pesos, es decir, un ahorro de 180 millones de pesos, para destinarlos a otros fines de beneficio social.

El Congreso de Jalisco, trabajó esta semana sobre las reformas a su constitución política y al Código Electoral y de Participación Electoral donde logró disminuir un diputado de representación proporcional, para quedar en número par de 18, y así mejorar la toma de decisiones; dos regidores en los tres municipios más importantes de la entidad, uno de mayoría y otro de representación proporcional, y en siete más de las ciudades medias, se elimina un regidor de mayoría relativa. Los demás, quedan igual. Hubo otras reformas que son interés de la población de ese Estado de la república. 

La iniciativa se la atribuyen al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero mediáticamente es el diputado independiente José Pedro Kumamoto Aguilar, quien la reforzó con una fórmula para los años en que no se efectúen elecciones en el Estado, a efecto de que el financiamiento se fijará anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el 20 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El 30 por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Según lo apunta el boletín respectivo del Congreso del Estado.

Como el camino se hace al andar, la legislación de Jalisco ya dio el primer paso. Veremos que otros congresos de las entidades federativas se unen a este proyecto para lograr que la medida se implemente nivel nacional. 

 

Constitucionalmente los partidos políticos tienen derecho a recibir, financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público, aunque algunos dirigentes no lo entienden.

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DE LOS EDITORES...

La mula no era arisca...

         El nuevosistema de justicia penal entró en vigor en 2016 en todo el país. Aquí se puso en marcha en marzo de ese mismo año y el reto es garantizar que la impartición de la justicia sea equitativa, imparcial, objetiva, pronta y transparente.

            En una sociedad cansada por el desprestigio de las instituciones por tantos escándalos de corrupción, este modelo de justicia ciertamente no despertó las mejores expectativas pues la opinión inmediata es que, con él, los delincuentes tendrán más puertas anchas para la impunidad.

            Vaya, la mula no era arisca. La hicieron arisca a palos. Así, es mucho lo que los tres niveles de gobierno tienen qué hacer para dar certidumbre a la sociedad de que, en efecto, este sistema de justicia deberá ser más confiable para atacar de lleno uno de los grandes flagelos de este país: la impunidad y las complicidades.

            El caso de la secuestradora Florence Cazzes liberada por magistrados sinvergüenzas que se prestaron a pactos políticos, hecho que representó una bofetada franca al rostro de la sociedad; o el caso del peligroso asesino Alfonso González alias El Chucky a quien una juez corrupta mandó a la calle pese a todas las evidencias en su contra, son sólo dos ejemplos de lo podrido que históricamente ha estado el aparato de justicia (cursivas, por obvias razones) en México, por eso la sociedad ya no cree en los hombres y mujeres responsables de administrar justicia a secas.

            ¿Cómo creer cuando vemos tanta podredumbre? ¿Cómo creer si vemos que el dinero, el tráfico de influencias, las confabulaciones y los arreglos políticos subterráneos han torcido la impartición de justicia para acomodarla a corruptos, ladrones y criminales?

            No, pues así cómo.

            Por eso nos parecen acertadas las declaraciones de la abogada Susana Palacios García, parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado, quien dijo que el nuevo Sistema de Justicia Penal ofrece beneficios claros a la ciudadanía, entre los que destacan la reducción del tiempo de un proceso penal que antes podía tardar años y hoy en tan sólo seis meses fue resuelto un caso por delito grave como homicidio.

            La abogada Palacios puso el dedo en la llaga:  “En ocasiones la ciudadanía considera que este nuevo sistema permite que los delincuentes queden libres, sin embargo es todo lo contrario: lo que ofrece es que los verdaderos delincuentes sean procesados y castigados con todo el peso de la ley”.

            Se refirió al expediente de un hombre que, enloquecido de ira, mató a tiros a dos personas e hirió a otras cuatro en la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez, en octubre de 2016. Hoy el sujeto ha sido condenado por un juez a purgar una sentencia de 84 años.

            Lo que sigue es una  buena asepsia, una profilaxis integral de jueces, ministerios públicos, secretarios y empleados que todavía son tocados por las ambiciones o la corrupción para encorvar la aplicación de la justicia.

            No sólo es necesario tener los instrumentos para aplicar correctamente la justicia. También necesitamos que esos instrumentos estén en manos de gentes honestas y confiables para que, por fin, la impunidad se vaya desterrando paulatinamente.

 

            Sólo entonces nuestra madre Temis podrá estar tranquila. Y nosotros también.

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