Fuero y  diputados: ¿Harán historia?

            ¿En dónde estriba la valía de la propuesta del diputado Carlos Penagos Vargas con respecto a la eliminación del fuero en Chiapas?

            En dos razones de mucho peso: el hartazgo colectivo por tanta impunidad y la urgente necesidad de rescatar la credibilidad en las instituciones que gobiernan y dirigen los destinos del pueblo, más allá de partidos o de sectarismos doctrinarios.

            Hacía tiempo que en Chiapas no escuchábamos propuestas y discursos políticos vinculados a la coherencia como los que pronunciaran Don Fray Matías de Córdova o el abogado Manuel Larráinzar Piñeiro.

            Desde que Enoc Hernández Cruz en su calidad de diputado dio una batalla legal épica y dogmática en el Congreso local en defensa del honor y el respeto avasallados por la tiranía gubernamental en la época de Sabines Guerrero, en Chiapas estábamos necesitados de un parlamentarismo innovador y convincente, ceñido a la legalidad que se pide en los pueblos y en las comunidades.

            Es Penagos Vargas un legislador de ideas progresistas  porque, más allá de las ambiciones personales o de pandillas políticas, ha lanzado dos iniciativas que se ajustan a los intereses de la sociedad.

            La primera fue el no cobro del estacionamiento  en las plazas comerciales de Tuxtla Gutiérrez y la segunda, la más liberal, abolir el fuero que gozan los servidores públicos.

            El fuero data de la Edad Media porque su función era forjar y mantener un contrapeso en el ejercicio del poder. Permitía a los funcionarios opinar y contravenir garantizando la gobernabilidad frente al abuso o el cesarismo gubernamental.

            ¿Qué ha pasado a lo largo de los días? El fuero se convirtió en un pasaporte a la impunidad quebrantando su esencia. Muchos delitos se han cometido al amparo de esa figura que, incluso, se ha puesto al servicio del crimen organizado.

            (Recordemos los casos de Jorge Díaz Serrano, de René Bejarano, el señor de las ligas; de Julio César Godoy Toscano y, el más repugnante y escandaloso que ejemplifica los niveles de podredumbre que envuelven al fuero, es el de la diputada panista por el estado de Sinaloa Lucero Sánchez, ligada al Chapo Guzmán).

            Honrar la igualdad, eliminar privilegios indebidos y recobrar la confianza ciudadana es sine qua non de una clase política moderna y democrática comprometida con el pueblo.  Hoy la tendencia es hacia el reformismo político para insertar a Chiapas a los grandes cambios que se dan en el mundo, sobre todo en Europa en la era de Emmanuel Macron.

            Sin populismos ramplones ni parloteos hipócritas, este Congreso hará historia porque la rendición de cuentas, la transparencia y el combate férreo a la corrupción y a la impunidad por fin han de formar parte de la vida política y la administración pública en Chiapas.

            El pueblo es el único patrón.

*En Ocozocoautla, un sujeto lidera a una mafia que pretende adueñarse de al menos mil concesiones de transporte, denuncia Antorcha Campesina; tiene coaccionados a funcionarios y a autoridades municipales

 Ante las agresiones y amenazas en su contra, un grupo de transportistas antorchistas del municipio chiapaneco de Ocozocuautla de Espinosa, solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para frenar el hostigamiento contra ciudadanos organizados que, en el uso de su derecho constitucional, iniciaron legalmente y cubriendo los requerimientos y normas establecidas los trámites para la consecución de concesiones para mototransporte.

El atento, oportuno y respetuoso llamado a las autoridades del estado se sustenta toda vez que en el municipio, hostigadores encabezados por Bulmaro “N”, alias “La Vaca”,  pretenden acaparar “a toda costa y por encima de quien sea”, las mil concesiones de mototaxis dispuestas para los ciudadanos del municipio de Ocozocuautla.

El grupo encabezado por “La Vaca” pretende adueñarse de un programa de autoempleo que debería beneficiar a los ocozocuautlenses que cubran los requisitos legales de dicho programa; pero, como toda mafia, al ver afectados sus intereses particulares, ha desatado una campaña de persecución y amenazas contra doscientos humildes mototrasportistas que lo único que buscan es llevar sustento a sus familias y regularizar su medio de vida para trabajar dentro del marco legal establecido.

En el uso y abuso de su poder, el grupo de “La Vaca” ha presionado al H. Ayuntamiento de Ocozocuautla y a la delegada de gobierno para “negar a como dé lugar” a Antorcha Campesina las 200 concesiones a que tiene derecho.

Los atentados de las mafias del transporte, conocidos y repudiados por la ciudadanía, deben ser exhibidos y frenados, en primer lugar, por las autoridades encargadas de garantizar un clima de paz en las entidades y municipios del país; y en segundo lugar, por los afectados, que siempre son los mexicanos más humildes, los que trabajan honestamente y que producen la riqueza social de que goza una minoría privilegiada, protegida por intereses económicos y políticos retrogradas, cuyo poder sobrepasa los propios límites del Estado de Derecho.

Ante esta situación, los mototaxistas Antorchistas responsabilizan a Bulmaro “N” , alias “La Vaca” y a su grupo, por los ataques que se pudieran realizar en contra de la líder municipal de Antorcha Campesina María de Jesús Arias Venegas, así como del daño que le puedan ocasionar a algún integrante de dicha organización social.

En su declaración, Arias Venegas precisó: "Somos una organización pacífica y legal que siempre hemos respetado las normas y las leyes con el firme propósito de beneficiar, principalmente, a los trabajadores directos que le llevan sus sagrados alimentos a sus hijos con un trabajo honrado”.

 Una reforma constitucional para eliminar el fuero a diputados, presidentes municipales, síndicos, regidores y a titulares de organismos públicos, como el IAIP, IEPC, entre otros, presentó el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas.

Sin embargo, esta reforma no aplicaría para el Gobernador del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia ni al Fiscal General del Estado.

Al ser entrevistado, el diputado Penagos Vargas argumentó que se exenta a estas autoridades de la eliminación del fuero debido a que son quienes toman decisiones imparcialmente. Tienen que ver diferentes cuestiones que un legislador ni presidentes municipales ni los otros que quedarían si fuero. Las competencias que tenemos son tan normales como cualquier ciudadano, subrayó.

Tanto en la conferencia de prensa previa, como en la Tribuna, dondeel legislador presentó su propuesta de reforma constitucional ante el pleno de la LXVI Legislatura de Chiapas, señaló que “la única protección de la que gozarán los funcionarios será la confianza en su bien actuar al servir a la ciudadanía”.

Es tiempo de devolver la confianza ciudadana en sus autoridades y combatir de manera frontal la corrupción, señaló ante sus compañeros diputados a quienes pidió el apoyo a dicha iniciativa. Es momento de hacer historia, ya que con dicha ley, todos los funcionarios –dijo- estarán obligados a rendir cuentas claras y transparentes, “entendiendo que la única protección de que la que gozarán será la confianza en su bien actuar al servir a los ciudadanos”.

 “Somos testigos de que nuestra sociedad se muestra incrédula ante sus instituciones y sus representantes, por no tener los resultados que de ellos demandan y por eso, esta reforma pretende que se acaben las diferencias de trato y de privilegios entre políticos y ciudadanos”, sostuvo el legislador.

Con la aprobación de esta reforma, los servidores públicos y representantes populares  que cometan un delito,   podrán ser denunciados como cualquier ciudadano y tendrán que responder ante las autoridades correspondientes.

Previo a la sesión donde entregó la Iniciativa ante la instancia correspondiente del Congreso estatal, en conferencia de prensa, el legislador destacó que con esta propuesta se eliminará el fuero a diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores; a titulares de los organismos autónomos institucionales, entre los que se destacan el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEyPC), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y consejeros de la judicatura del Poder Judicial, entre otros.