De manera obligada, amenazados con ser vejados, exhibidos y castigados por asamblea, se mantienen algunos policías municipales, personal de protección civil y del Ayuntamiento de Oxchuc  haciendo bloqueo desde el 09 de abril en la carretera, denunciaron sin revelar sus nombres.

Son unos cuantos los que se animan a revelar su situación para que la sociedad y las autoridades estatales se enteren de lo que realmente está sucediendo con los trabajadores.

Aseguran que tienen temor si llegan a ser identificados les va a ir muy mal, ya que Don Oscar, así se refieren a quien se ostenta de presidente tradicional, así como Juan Encinos y Juan Gabriel nos tienen bien amenazados que si alguien deja tirado el trabajo van a demandarnos y nos pasarán en la asamblea para que nos castiguen y sufrir las consecuencias.

Les han dicho que nadie puede retirarse y ni darse de baja, “sino que tenemos que luchar hasta en los últimos momentos para que así la gente los cuelgue parejo por si llegara a perder Don Oscar en el conflicto”.

Inclusive, los tienen sentenciados que donde ellos mueran “ahí tenemos que morir; así dijeron hace poco, es por eso nos vemos obligados estar de manera permanente en el bloqueo carretero”.

Lamentan no poder darse de baja del trabajo y que sigan viviendo bajo las amenazas de estas personas que han violado sus derechos.

Pidieron ayuda para informar de esta situación, para que se entere el gobierno del estado y el gobierno federal porque pueden seguir; que investiguen y se darán cuenta que estamos diciendo la verdad, puntualizaron.

En tanto, por el bloqueo permanente la gente tiene que caminar sobre la carretera, atravesar la extensión territorial urbana de la cabecera municipal, para poder transbordar y seguir su camino hacia Ocosingo y Palenque.

15 DÍAS DE CIRISIS

Este domingo se cumplieron 15 días de bloqueos. En tanto, los problemas sociales se están recrudeciendo, toda vez que a partir del miércoles de la semana pasada se cerró el Centro de Salud y por la retención de los recursos públicos hay carencias de servicios públicos municipales.

Gabriel Méndez López, abogado de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc, aseguró que recibieron un oficio de parte del director del Centro de Salud, como integrantes de la Comisión, conjuntamente con el patronato y autoridades de las comunidades, donde les dijeron que ya no van a proporcionar los servicios porque cerrarían las instalaciones, debido al desabasto de medicamentos, falta de agua potable y recursos para combustibles para el traslado de las personas enfermas graves.

Un plazo de 20 días pidió el gobierno de Chiapas a la OCEZ- RC para poder determinar la solución a sus demandas, dio a conocer Jonathan del Carmen González Pérez, coordinador de la organización en la región.

Tras reunirse con el Secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, aseguró que plantearon su demanda principal el retorno inmediato de las más de 200 familias desplazadas y los pagos de daños en sus cultivos que lograron en los terrenos de donde fueron desalojados.

Dijo que mediante el movimiento del campamento que mantienen a un costado de la carretera a la altura de El Cascajal, lograron que los atendieran, donde se planteó también el cumplimiento al compromiso del dos febrero de 2016, que es el pago inmediato de 581 hectáreas.

Anotó que han dejado claro que como organización le apuestan al diálogo y esperaran volver sentarse a la mesa como se los han pedido.

Esperamos que tengan la voluntad política de resolver los problemas de la OCEZ-RC, de lo contrario tendremos que tomar decisiones de lucha. Vamos a darles el tiempo que nos han pedido.

Por lo pronto, se mantendrán en el campamento y esperarán a volver al diálogo, cuando las autoridades tengan respuestas a sus demandas que han planteado.

Indicó que hasta el momento no han cambiado las cosas para las familias campesinas, por lo que esperan que el actual gobierno pueda resolver sus demandas. 

 El regidor del Ayuntamiento de Tuxta Gutiérrez, Iván Sánchez Camacho, aseguró que la ciudad capital de Chiapas no está asociada con los términos de violencia, en tanto se está procurando que sea una comunidad más segura, para erradicar la violencia con mayor número de elementos que resguarden las periferias de las colonias populares.

El regidor sostuvo han bajado los índices delictivos en virtud de que habido mayor participación de la ciudadanía, toda vez que Tuxtla es muy grande en su extensión territorial y requiere mayor fortaleza.

Señaló lo novedoso que hace poco se integraron cerca de 80 nuevos elementos, pero el crecimiento y las necesidades de Tuxtla demandan mayor participación de los cuerpos policiacos, la ciudadanía y las autoridades municipales.

Destacó que con el trabajo de la Comisión de Gobernación del Cabildo, se ha podido regularizar y actualizar el marco normativo municipal, se han actualizado leyes.

La primera ley de que se aprobó en esta administración del Ayuntamiento ha sido la creación del Mando de Policía y Buen Gobierno, donde se establecen medidas más severas para castigar ciertas actividades, y se hizo un gran esfuerzo por favorecer el desarrollo económico y la participación de la gente.

En cuanto al problema del ambulantaje, destacó que se ha mantenido controlado desde hace algunos meses, y lo bueno que se reconoce es que  en el momento de proceder no hubo toletazos, gases lacrimógenos ni desalojo con violencia, sino que con el diálogo se recuperaron los espacios públicos.

Uberlaín Aguilar de la Cruz, dirigente estatal de la OCEZ –RC dio a conocer que después de venir exigiendo sean recibidos para entablar el diálogo, este martes les confirmaron que una Comisión de ellos será atendida por el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el jueves de esta semana.

Por tanto, aplazan la toma de la industria azucarera y la suspensión de la zafra del ingenio Pujiltic del municipio de Venustiano Carranza, que tenían previsto.

Sin embargo, sostuvo que de no llegar a avances los planteamientos que han hecho, tendrán que cumplir con esta estrategia del movimiento de lucha.

Anotó que sus exigencias que han planteado a las autoridades es la solución inmediata con el retorno de las 150 familias que están en un campamento a un costado de la carretera en la zona de El Cascajal, donde están sufriendo las inclemencias del tiempo, sin alimento y sin atención a la salud de recién nacido, niñas y niños, adultos mayores, luego que fueron desalojados de terrenos que ya estaban trabajando.

Piden el retiro inmediato de todos los cuerpos policiacos que se encuentran patrullando en la zona, protegiendo a los terratenientes en la destrucción y saqueo de sus cosechas que con tanto sacrificio cultivaron.

El dirigente dijo que esperan que en esta audiencia que tendrán el jueves, el gobierno demuestre voluntad política para la solución a sus diversas demandas sociales.

En tanto, dueños del ingenio azucarero advirtieron que si este grupo de invasores toma sus instalaciones, podrían retirar el ingenio de esa zona y trasladarlo a Veracruz, lo que ocasionaría graves pérdidas a la economía regional y a las familias que viven de la producción de caña.