Los conductores que son detenidos en la prueba del alcoholímetro por presentar un alto grado de intoxicación, prefieren ingresar al programa de rehabilitación del Centro Especializado de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Centra), que enfrentar un proceso ante un juez local, señaló la Coordinadora de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), María de Jesús Cisneros Novillo

Por lo anterior, mencionó que las personas detenidas se acogen al beneficio de la suspensión condicional del proceso, en donde al finalizar la rehabilitación, el juez da por extinguida la acción penal del delito, de esta forma el infractor de la ley resarce el daño a la sociedad, mediante la rehabilitación a la que se somete el conductor del vehículo al tiempo que da solución a su problema de consumo de alcohol.

Respecto a los lugar con más faltas expuso que, “Tuxtla Gutiérrez y Tapachula son los principales municipios donde más detenidos hay por conducir bajo los influjos del alcohol, seguidos de Tonalá, San Cristóbal de Las Casas y Palenque”, dijo.

A esto, indicó que en la actualidad suman 20 los municipios donde operan los puntos de control de alcohol en aliento y en los cuales participan un total de siete dependencias, entre las que se encuentran la Secretaría de Salud, Protección Civil, la Procuraduría del Estado, entre otras.

De acuerdo a los resultados del Operativo Alcoholímetro de febrero del 2017, apuntó que se aplicaron más de 18 mil pruebas en 204 operativos en los municipios de San Fernando, Ocozocoautla, Villaflores, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Frontera Comalapa, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Reforma, Jiquipilas, Cintalapa, Arriaga, Tonalá, Tapachula, y Tuxtla Gutiérrez.

Por lo anterior, agregó que de las cuales 15 mil 855 pruebas fueron a hombres; y 2 mil 959 a mujeres de esto resultaron 11 personas detenidas 10 hombres y una mujer.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, aseveró que se han logrado bajar los niveles de inseguridad; sin embargo, dijo que son tres los principales delitos que afectan a la capital: el robo a casa habitación, asalto a transeúntes y a comercios.

De dos meses para acá, en el comparativo con el año 2016 al arranque de este año, se ha ido disminuyendo la tasa de algunos delitos. Puntualizó que en la capital del estado, se tienen cero % de ejecuciones, de secuestros y de delitos de alto impacto.

Por otro lado, habló de cómo los tuxtlecos sufrieron  falta de agua potable, debido a que se estaba realizando una obra en Chiapa de Corzo, localidad que por primera vez tendrá el servicio del vital líquido.

Ante las últimas manifestaciones que han causa caos vial y cierre de tramos carreteros en la capital del estado, comunicó que el ayuntamiento ha estado pendiente de las diversas movilizaciones que sean siempre pacíficas y no manifiesten afectaciones en el orden público y a los comerciantes.

Subrayó que el año pasado se tuvo un 20 % de la ocupación hotelera, considerada una de las más bajas en la historia de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, dijo que después de las protestas del magisterio se tuvo un repunte y cierre bien el año.

Castellanos Cal y Mayor, confirmó que después de sostener una mesa de acuerdos con la Secretaría de Gobierno e integrantes de la CIOAC, se levantó el bloqueo que se mantenía en tres puntos de la capital del estado.

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://chiapas.quadratin.com.mx/chiapas/delitos-comunes-afectan-tuxtleco-fernando-castellanos/

*Delincuentes del MOCRI-CNPA toman tierras en Jiquipilas; los legítimos dueños se arman para defender sus propiedades; temen reguero de sangre

 Ejidatarios y pequeños propietarios del municipio de Jiquipilas, están demandando la urgente intervención de las autoridades de los tres niveles del gobierno, a fin de que detengan las atrocidades que desde hace varios meses han venido cometiendo integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN), los cuales mantienen invadidas cientos de hectáreas de terreno mediante la violencia y hechos de sangre.

Los afectados de las comunidades de Nueva Betania, Alfredo B. Bonfil, San Miguel y Santo Tomás, indican que los problemas comenzaron desde cuando los invasores, liderados por un sujeto de nombre Misael Eleria, comenzaron a posesionarse de terrenos ejidales y propiedades privadas, mediante amenazas y agresiones en contra de sus verdaderos propietarios.

Detallan que desde entonces, los integrantes del MOCRI-CNPA-MN han estado robando ganado y talando millares de árboles maderables, destruyendo poco a poco el entorno de bosques y montañas de aquella zona limítrofe con el municipio de Ocozocoautla, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya tenido el suficiente valor para enfrentar al grupo de agresores, los cuales portan armas de fuego.

Los denunciantes señalaron que a últimas fechas, las agresiones en contra de los ejidatarios y pequeños propietarios se han recrudecido luego de un enfrentamiento que los del MOCRI sostuvieron en horas de la madrugada, donde dos de sus integrantes murieron y dos más resultaron lesionados a balazos, por lo que han comenzado una “cacería” para según ellos detener a los presuntos responsables de la muerte de sus compañeros.

Los temerosos pobladores agregaron que la amenaza por parte del grupo que ahora se encuentra fuertemente armado, se centra en contra de todos los habitantes de la zona, quienes ya no pueden salir de sus ejidos debido a que los del MOCRI mantienen sitiados todos los accesos, donde ya han agredido a personas para hacerlos declarar como los culpables de las agresiones.

Por ello, y ante el temor fundado de que los invasores del MOCRI estén siendo protegidos por diferentes autoridades, demandan la urgente intervención del Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que sus tierras les sean restituidas y los invasores sean desalojados de aquella zona.