Representantes de las comunidades y habitantes de Huixtán, Chiapas, manifestaron su inconformidad por la detención del ex presidente Waldo Martín Pérez  Bautista, quien fue detenido arbitrariamente y sin orden de aprehensión por elementos de la policía especializada, el pasado 15 de marzo del año en curso.

A través de un comunicado, seňalaron que el ex alcalde fue aprehendido a las 10:00 horas afuera de su domicilio ubicado en la calle San José, de la colonia Salsipuedes de San Cristóbal de Las Casas y no como falsamente se ha comentado a través de algunos medios de comunicación y redes sociales que fue en la cabecera municipal de Huixtán, cuando iba rodeado de guaruras y con un grupo de indígenas Tzeltales.

Indicaron que Pérez Bautista y otros miembros del H. Ayuntamiento Municipal de Huixtán del periodo 2012-2015, están siendo acusados injustamente por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, derivado de una auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización, misma que se encuentra aún en proceso de solventación y corresponde al ejercicio 2013.

Derivado de lo anterior, mencionan que la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició la Carpeta de Investigación número 0020-101-1301-2017, en la que se ejercitó acción penal ante el juez de control del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, radicándose la causa penal número 26/2017.

"Por todo lo anterior se observa y queda claro que el asunto es político, el compañero Waldo Martín fue encarcelado en el penal de El Amate, en Cintalapa, donde un Juez de Control dentro del Cuadernillo de Exhorto 17/2017 celebró audiencia inicial en la que el imputado solicitó la duplicidad del plazo constitucional para aportar pruebas a su favor. Su situación jurídica se resolverá el próximo martes 21 de marzo a las 10:00 horas".

Agregaron que dentro de los hechos que se le acusan es haber realizado 2 obras de pavimentación con concreto hidráulico, cada obra con un valor 3 millones de pesos, sin haber respetado los lineamientos en materia de obra pública. Dichas obras están ubicadas en el barrio La Pila y en el Barrio San Sebastián de este municipio "su delito consiste supuestamente en no haber respetado los lineamientos en materia de obra pública para su priorización".

"En el barrio de la pila fue detenido durante 2 días y una noche por los mismos habitantes exigiendo la pavimentación de las calles con concreto hidráulico, en la cual no alcanzaba el recurso y hasta con la intervención del subsecretario de gobierno Lenin Méndez Nucamendi, se acordó el monto del recurso de este barrio para poder ser liberado", recordaron.

Aclararon que las observaciones de la auditoria establecen que el recurso sí fue ejercido completamente, que sí existe físicamente la obra hasta con ampliación de metas, pero que no se apegó a los lineamientos actuales en materia de priorización.

Esas mismas obras, también fueron auditadas por la Federación y para ellos, la obra cumplió con todos los requisitos técnicos y administrativos en su construcción. Sin embargo, para el Gobierno del Estado no cumplió con los requisitos administrativos.

Luis Hernández Cruz, integrante de la dirigencia estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), y ex diputado federal por el PRD, fue señalado ante la Secretaría de Gobernación de patrocinar y encabezar a grupos armados en el municipio de Las Margaritas que se han dedicado a la invasión y despojo de predios a sus legítimos propietarios.

La Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda, dio a conocer que este fin de semana entregaron a la dependencia federal la documentación y fotografías que prueban esto señalamientos en contra del dirigente de la CIOAC, a quién responsabiliza de cualquier desgracia que pudiera presentarse en el Ejido “Lomatán”, del municipio antes mencionado, en donde desde fechas recientes ha venido impulsando la presencia de por lo menos 58 sujetos armados con el objetivo de amedrentar a los legítimos propietarios y con esta intención despojarlo de sus predios y apoderarse de los mismos.

Indicaron que esta acción ha sido puesta en marcha por Hernández Cruz ante la cercanía del proceso electoral del 2018,  ya que aspira nuevamente a un puesto de elección popular.

Los afectados señalan que esta acción la basa en supuestos acuerdos de la comunidad y lo hace para ejercer presión en contra de los denominados cooperantes, que no son más que los legítimos propietarios de unas mil 600 hectáreas.

Precisaron que el dirigente de la CIOAC carece de fuerza y representatividad debido a que los 58 sujetos armados, son minoría ante los más de 150 legítimos propietarios. Sin embargo por estar precisamente armados, hacen valer esta ventaja ante los propietarios que han preferido buscar el camino de la justicia y de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y de esta forma evitar un enfrentamiento y un posible derramamiento de sangre.

La ASSI afortunadamente no hemos necesitado mentir ni ser trácala para informarle a la sociedad lo que realmente ocurre, solo informamos cuando tenemos los pelos y señales de los hechos de la CIOAC contra la población, señala por otra parte en un comunicado.

Reiteraron, que en  la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México fueron entregadas más de 80 fotografías de 64 personas poseedoras y portadoras de armas de fuego de distintos calibres guiados por Luis Hernández Cruz y 7 hojas útiles que da cuenta del origen y desarrollo de sus ataques realizados.

Cabe recordar que desde el 2013 existen señalamientos en contra del ex diputado federal perredista de promover la invasión de terrenos, despojo y demás acciones violentas respaldado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 

·         Comprueban millonario saqueo en la secretaría de salud cometido presuntamente por el ex secretario James Gómez Montes, alfil del grupo del ex gobernador Sabines

 Dicen que la justicia llega, a veces tarde pero llega. Y en el caso del ex Secretario de Salud, James Gómez Montes, ésta está iniciando. La Secretaría de la Contraloría Pública determinó que este servidor público incumplió con sus deberes por lo que le aplicó una sanción administrativa.

Pero en este caso no hay vuelta atrás. Ahora se sabe y se tiene la certeza de que hubo malos manejos en los recursos provenientes de la federación, claro está que no era un secreto, sin embargo ahora una instancia oficial reconoce estos hechos delictivos.

La Auditoría Superior de la Federación, en su auditoría 961, denominada “Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades” para el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, realizó un pliego de observaciones, con número 034/2013, donde se determina que James Gómez Montes, en el Ejercicio Fiscal 2010, faltó a los principios de “legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia” donde no cumplió con las diligencias del servicio encomendado, no formuló y ejecutó los planes, programas y presupuestos de su competencia, en la aplicación de recursos federales por un monto de 117 millones 930 mil 443 pesos con 27 centavos.

Sin embargo, ahí no termina las danza de los millones. Resulta que la Auditoría Superior de la Federación encontró que solo se depositó a ese Instituto 115 millones 251 mil 199 pesos con 64 centavos, habiendo un faltante de dos millones 697 mil 216 pesos con 63 centavos y de estos recursos solo pudieron comprobar 70 millones 484 mil 862 pesos con 72 centavos, los restantes, 44 millones 766 mil 366 pesos con 92 centavos, nadie sabe dónde quedaron.

Ante esta grave falta, la Secretaría de la Contraloría Pública determinó que el ex Secretario de Salud, James Gómez Montes, solo recibiría una sanción administrativa consistente en una amonestación privada, que dicho palabras más o palabras menos, que solo se le dejó en una advertencia. Un regaño pues.

Sin embargo, esta postura oficial debe tener otro tipo de consecuencias jurídicas, ya que aun cuando solo fue un sopapo esta sanción administrativa, puede servir para que se inicie un proceso penal en contra de James Gómez Montes, ya que las pruebas que se ofrecen son contundentes y no deja duda que podría encuadrar en el tipo penal de Peculado y por ser recursos de origen federal, la Procuraduría General de la República podría iniciar una carpeta de investigación contra el ex Secretario de Salud.

Además, es necesario que se indague el destino de esos recursos, primeramente porque no se depositaron el total de la asignación a la “Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades” y quedaron en el limbo dos millones 697 mil 216 pesos con 63 centavos.

Sin olvidar también que tampoco comprobaron 44 millones 766 mil 366 pesos con 92 centavos, haciendo un faltante total de más de 47 millones de pesos que desaparecieron de las arcas pública y con una amonestación privada no podrá James Gómez Montes cubrir el desfalco y menos la reparación del daño.

Es importante exigirle a la Secretaría de la Contraloría Pública de vista al Agente del Ministerio Público y se inicie de inmediato una carpeta de investigación para aclarar el caminito del dinero y no quede en una regañada, sino que se lleve ante la justicia a los responsables de este problema monumental al que se enfrenta la salud en todo el territorio estatal

Este es un momento coyuntural donde no se le pueden perdonar nada a los que abusaron de la confianza del pueblo, donde el castigo mayúsculo es que regresen el dinero y sus respectivos intereses.

James Gómez Montes debe servir como ejemplo y que le caiga todo el peso de la ley, porque ya basta de estar administrando los problemas del pasado, haciendo malabares con la miseria y más aún cuando se trata de la salud de los chiapanecos.