UNICACH: ¿De verdad habrá nuevo rumbo?

                El abogado Antonio Adolfo Guerra Pérez realizó en las últimas horas nombramientos clave en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, con la idea primigenia de sacudir la polilla y encausarla hacia claros objetivos de desarrollo.

                 Si bien el rector Guerra fue cuestionado en un principio pues su asunción presuntamente se dio en medio de conflicto de intereses porque su hijo era el abogado general de la Universidad cuando él es designado en tal encomienda, al menos en declaraciones a la prensa demuestra que tiene deseos acendrados y genuinos por corregir el rumbo .

                El rector hizo los ajustes que él considera prioritarios. Así,  dio posesión a Juan José Solórzano Marcial como Secretario General de la Universidad e incorporó a nuevos directores en áreas estratégicas para fortalecer la gestión institucional.

                También encajó piezas en la dirección de administración y en la recién creada Dirección General de Relaciones Interinstitucionales en donde ya despacha  Pascual Ramos García y quien se desempañaba comodirector de Planeación y Evaluación de la UNICACH.

                Sin duda el cambio más significativo, de mayor relevancia, es el de la secretaría general pues ésta es brazo derecho o ejecutor de la obra académica de un rector y no puede, por tanto, quedar en manos inexpertas como ocurrió hasta hace poco. Su papel de conciliador es fundamental.

                Díaz Solórzano no es un alfaquí o un gran gurú en los temas universales, pero sí es un funcionario que conoce el campo de la administración pública. Es licenciado en derecho por la UNAM y en historia por la propia UNICACH, de donde igualmente ha sido docente.

                Se ha desempeñado en la administración pública federal y estatal, destacándose en el ámbito cultural y judicial ocupando la subsecretaría de Cultura y Recreación del Gobierno del Estado de Chiapas, la dirección general del Teatro "Emilio Rabasa", la dirección del Centro Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas.

                En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue Jefe del Departamento de Análisis Normativo de la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales y Director General de Seguridad y Servicios Generales y Director de Cultura Electoral. En tanto, en  el Poder Judicial de Chiapas fue Consejero de la Judicatura y director general del Archivo Judicial del Estado.

                Quizá  la designación que más cuestionamientos le dará en tiempo perentorio al rector Guerra es la de Pascual Ramos García, pues en toda la Universidad son conocidos los oscuros antecedentes de este personaje que, hasta antes de llegar como funcionario a la UNICACH, RENTABA una modesta casa y en la actualidad es dueño de edificios de departamentos, coches último modelo y se conjetura que tiene una enorme lista de aviadores en la institución incluyendo a su entenado Rubén Cabrera.

                Ramos fue alfil en la administración del cuestionado ex rector Roberto Domínguez Castellanos.

                Del dicho al hecho hay mucho trecho enseña el refrán. El rector Guerra es un hombre preparado y culto que tiene buenas intenciones para hacer de la UNICACH una institución pujante y vigorosa y rescatarla de la podredumbre en que la sumieron rectores sátrapas.

                Es muy pronto desde luego para exigirle resultados. Sin embargo, para la salud de la propia Universidad, los chiapanecos esperamos que los cambios que ha acordado en las últimas horas sean los más adecuados porque ya es tiempo de que esta Universidad se vincule al desarrollo de Chiapas.

Los trabajos de modernización de la carretera Ocozocoautla-Villaflores avanzan priorizando el mejoramiento a la estructura de rodamiento, superando el 38 por ciento del tramo total de 70 kilómetros.

En entrevista para Primera Edición, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, señaló que actualmente se tienen concluidos más de 11 kilómetros y se ejecutan otros 15.5 con un avance general del 40 por ciento.

Estos nuevos trabajos forman parte de una segunda etapa de mejoramiento, una vez concluidas las acciones en el primer tramo que busca la interconexión regional y particularmente incentivar el comercio con la zona de la Frailesca.

Las acciones figuran como una estrategia de interconexión carretera que incentiva las economías regionales, toda vez que la Frailesca es uno de los bastiones económicos del estado.

“Trabajamos en el mejoramiento y mantenimiento de la totalidad de la red carretera estatal, procurando generar beneficios directos e inmediatos a los habitantes cercanos, pero además generando las condiciones para el desarrollo interregional”, señaló el funcionario estatal.

En la vía se realizan trabajos de ampliación al ancho de corona de 7 a 12 metros de la zona de rodamiento, terracerías, obras de drenaje, base hidráulica, base asfáltica, carpeta asfáltica y señalamientos, entre otras acciones secundarias.

En este sentido, Betancourt Esponda recordó que para el gobernador Manuel Velasco Coello invertir en las vías de comunicación es una prioridad reflejada en el Plan Estatal de Desarrollo.

Con estas acciones se tendrá una vía de comunicación más segura, rápida, eficiente y será un detonante para multiplicar la interacción económica de la Frailesca con el resto del estado.

Finalmente, el titular de la SOPyC dijo que conectar las regiones en la entidad es una tarea indispensable para incrementar la comercialización, principalmente para los sectores productivos, procurando que puedan movilizar su producción a otras regiones, con una mejor conectividad en la red carretera.

Magisterio: El otro atraco

                La denuncia que ha presentado la Asamblea Estatal Democrática que la conforman maestros aglutinados a la Sección 40 del SNTE es muy grave. Se habla de un monstruoso fraude que podría ascender a 2 mil 850 millones de pesos y en el que estarían implicados desde funcionarios de medio pelo del ISSTECH hasta ex dirigentes de la propia organización magisterial.

                 Ya hay una demanda penal en la Procuraduría de Justicia del Estado. El escándalo emergió cuando los quejosos ventilaron la acusación en el diario de circulación nacional La Jornada en donde, con pelos y señales, dan a conocer nombres y montos del probable cuantioso peculado.

                No estarían descubriendo nada nuevo los maestros denunciantes. De por sí, las organizaciones sindicales pero principalmente la de maestros, se convirtieron al paso del tiempo en auténticas cofradías para el robo y la impunidad siendo el ejemplo más emblemático el de la maestra Elba Gordillo, todavía en la cárcel y quien tras un golpe de estado apoyada por Salinas de Gortari tomó por asalto el sindicato nacional de maestros.

                Amparados en la impunidad, los liderazgos en el SNTE ha tendido redes de complicidades para el hurto con las cuotas y los ahorros que los maestros van acumulando a lo largo de su servicio profesional.

                Ese dinero guardado, en teoría, es para el retiro de los maestros y al llegar a una edad avanzada puedan disfrutar la vida y los placeres sin dificultades.

                La caja de ahorro magisterial ha servido, sin embargo, para el pillaje sin límites. No sólo ha pasado en la Sección 40 sino también en la otra, la 7, en donde una y otra vez los maestros han hecho denuncias sin éxito por una razón simple: los líderes tienen un pacto político indisoluble con el gobierno aunque en las calles el griterío aparente una distancia feroz entre ambos poderes.

                En la sección 7 del SNTE se denunció un fraude de 27 millones de pesos en la caja de ahorro. La queja nunca prosperó porque los dirigentes fueron cobijados con el manto protector del gobierno de Sabines.

                Fue un abyecto maridaje auspiciado por el entonces subsecretario de gobierno Nemesio Ponce Sánchez. Los responsables del atraco no sólo no fueron encarcelados, sino que el gobierno los premió con doble plaza y comisiones gubernamentales en franca violación de las leyes.

                Lo mismo ocurrió en el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía. La demanda penal 669/CAJ4-B/2004 por un presunto fraude de al menos 51 millones de pesos a la caja de ahorro magisterial se engavetó en los cajones de la podredumbre por órdenes del propio gobernador Salazar.

            El a la sazón procurador Mariano Herrán Salvatti destruyó esa averiguación no obstante que, en el dicho, Salazar mantenía una guerra sin cuartel en contra del magisterio al que mantuvo a raya en todo su sexenio.

            Hoy la historia se repite como un infausto cronograma del pasado. Ahora son, se dice, 2 mil 850 millones de pesos el monto del atraco. Hay muchos nombres y una averiguación previa que ojalá camine para evitar más daño al patrimonio de los maestros que sí van a las aulas.

            Mientras el gobierno no se decida a terminar con ese sucio y lépero contubernio con las dirigencias sindicales los maestros que sí trabajan y la sociedad seguirán pagando las consecuencias.  Hoy hasta el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSTECH) es embarrado de fango.

            Los responsables, todos y del nivel que se trate, deben ser llevados a la justicia. Debe hacerse por principio de integridad moral y política para demostrar que la ley a todos nos iguala y a todos nos protege.