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- Escrito por Comunicado de Prensa
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Cárcel a los terroristas en Chiapas
Una cosa es gimnasia y otra cosa muy distinta es magnesia.
Si bien conocemos la vocación pacifista del gobernador Manuel Velasco Coello, a raíz de los hechos vandálicos en los municipios de la Costa y la zona norte de Chiapas fue contundente al afirmar que no habrá impunidad y que los responsables pagarán caro su osadía.
Más allá de escudriñar el fondo real del asunto pues sin duda están metidas las manos de López Obrador en los actos de barbarie, todo con miras a las elecciones de 2018 pues como sabemos el señor López está enfermo de poder, el gobernador Velasco habló sin ambages a una sociedad que ha sido víctima de esa delincuencia que se disfraza de lucha social.
Los agoreros del desastre no deben confundir tolerancia con complicidad. Velasco es un gobernante que le ha apostado siempre al diálogo porque éste es la herramienta más eficaz para zanjar conflictos por muy difíciles que estos sean, pero esa vocación pacifista -insistimos- no debe tergiversarse con sumisión o falta de mando.
Como ya es del dominio público, durante más de 48 horas grupos agazapados en el llamado gasolinazo aterrorizaron varias zonas del país y saquearon y vandalizaron tiendas departamentales aplicando el dicho de que a río revuelto, ganancia de pescadores.
Chiapas no fue la excepción. Así, en Reforma, Tapachula, Huixtla y otras ciudades de la Costa chiapaneca resultaron víctimas de esa barbarie embozada en la protesta. Hoy, en un recuento de daños, se sabe que más de una cincuentena de empresas fueron despiadadamente saqueadas por los pandilleros.
¿Qué esperaban los chiapanecos tras esa oleada de vandalismo? Esperábamos que el Estado, con toda su fuerza, sin piedad, hiciera valer la ley para garantizar el Estado de Derecho, los derechos humanos, la propiedad privada y la seguridad de los chiapanecos que en esos municipios vivieron una psicosis colectiva promovida desde un presunto anonimato.
El mensaje del gobernador Velasco es claro. Independientemente de que ha solicitado la ayuda, como debe ser, del Ejército Mexicano y de la Marina, una vez más demostró su convicción ante la legalidad para defender los intereses de la población amenazados por turbas demoníacas que ya sabemos tocan los tambores de guerra del obradorismo.
Tiene razón el mandatario cuando afirma que la violencia genera más violencia porque, dice, “Siempre hemos estado y estaremos abiertos al diálogo, a escucharlos y a buscar soluciones conjuntas”.
"Quiero expresar mi rechazo a la violencia generada y a los actos de vándalos y rateros que se hacen pasar por manifestantes para cometer actos de saqueo y rapiña, usando como pretexto la legítima inconformidad de la sociedad que existe en estos momentos, así como nuestro respeto a la libre manifestación”, advierte el gobernador.
Las palabras deben ir acompañadas de hechos, desde luego. Por eso mismo, en un reporte de la Procuraduría, se ha confirmado la advertencia del gobernador al señalar que se han detenido hasta este momento 307 personas que participaron en los actos de saqueo y rapiña ocurridos en los municipios de Huixtla, Tapachula y Reforma, todos ellos ya están en manos de un Juez por los delitos de robo y pandillerismo.
Ese es el deber del Estado: Asegurar las libertades de todos, pero al mismo tiempo cerrar el paso a la impunidad y a grupos de terroristas que tratan de romper el orden, la legalidad, la paz y el Estado de Derecho en esta sociedad democrática.