El presidente Enrique Peña Nieto, debería ser merecedor del más alto reconocimiento 
médico-científico por su reciente aportación a la identificación del estado mental colectivo de todo un país.

“Crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes”, dijo el mandatario, rodeado, por cierto, de cientos de militares y sus familias. 

La afirmación no sorprendió como en anteriores ocasiones en que ha recurrido a frases insulsas para justificar sus yerros, pero sí atrajo la atención no solo de sus críticos, sino de colaboradores suyos que no pudieron ocultar el sonrojo de sus rostros y la pena que habrá de acompañarlos, por lo menos, en los días subsecuentes.

¿En qué momento el presidente se apartó de sus cotidianas labores para evaluar a los casi 120 millones de mexicanos? ¿Cuánto tiempo le llevó interrogar a los ciudadanos para determinar su estado mental? ¿Cuál fue el periodo de atención que dedicó a sus compatriotas para concluir que la crisis solo está en la mente colectiva? ¿Bajo qué parámetros calculó el funcionamiento, juicio y discernimiento de la mentalidad mexicana?

Técnicamente, el señor Peña Nieto llamó “enfermos mentales” a los mexicanos que no piensan como él, o que quisiese que la crisis, la pasen por alto. La expresión pudiera ser anecdótica; pero al ajustarse a criterios utilizados por personas con problemas de salud mental, preocupa. Y mucho. Es decir, el deterioro mental del presidente lo ha llevado a la creencia típica de que todos están locos, incluido él mismo. 

En psicología hay un término muy utilizado para el diagnóstico de los pacientes: Incapacidad de inhibir el comportamiento social inadecuado. Para él, los mexicanos son incapaces de inhibir la protesta, la exigencia. Son incapaces de callar ante lo desastroso de su administración y no tienen una percepción uniforme del país. 

Políticamente, la expresión presidencial se ajusta a los síntomas de cualquier aspirante a dictador. Volteemos a Venezuela, a Cuba. En esos países, todos deben pensar como su presidente. Todo debe estar bien, menos atreverse a cuestionar los resultados o hacer alguna sugerencia para la superación de las recurrentes crisis. La crisis de salud, la de seguridad (o más bien, de inseguridad y violencia extrema), la económica, la financiera, en fin, todas las crisis, no pueden reducirse a un criterio impositivo y carente de fundamento, como lo expresó el presidente Peña. 

En la mente creativa del mexicano, ciertamente, está la crisis, pero también, propuestas inteligentes, ideas que ninguno de los colaboradores presidenciales tiene; de lo contrario, habría por lo menos uno, que le dijese lo mal que ha hecho las cosas y lo peor que resultan cuando incurre en pifias como la que hoy estamos comentando. 

Y esa crisis se refleja en el bolsillo del trabajador y la canasta básica de las amas de casa; en el alto índice de desempleo y la cada vez más grande corrupción, inseguridad y violencia. Es una crisis que se refleja en las calles, en todas partes, no solo en la mente.

Retomando el asunto de la inhibición del comportamiento social inadecuado, debemos decir con franqueza que mentir es un síntoma de ello. Y el presidente lo ha hecho una y otra vez. Ha engañado a la sociedad con avances que no se ven; ha mentido en torno a la “Casa Blanca”, por poner uno solo de tantísimos ejemplos. 

El tono utilizado por el Jefe del Ejecutivo para fustigar a sus críticos es otro factor que debemos analizar. Se advierte sorna, recriminación y amenaza. Pero también, se notan ciertos trastornos en el lenguaje de éste; podrían ser una o varias disfunciones como la afasia, derivada de una patología cerebral, según los expertos en el tema. ¿Quién, entonces, sí tiene serios problemas mentales, cerebrales?

En síntesis, el señor presidente ha llamado “tontos” y “locos” a los millones de mexicanos que padecen los efectos de las crisis que su mal gobierno ha provocado. Es, sin duda, una falta de respeto; un despropósito que confirma que éste, ya no quiere queso, sino salir de la ratonera. Ha demostrado incapacidad mental para asumir la responsabilidad de sus errores; Y ha permitido que sus discursos, se centren más en ofender, que en proponer. 

No esperemos que algo cambie en lo que queda de su periodo. No tiene capacidad para hacerlo. Por el contrario, arreciará en sus malas apreciaciones sobre sus conciudadanos. ¡Qué pena!

Son posturas diametralmente opuestas: Efraín Orantes Abadía, conservacionista de fauna,
afirma tener pruebas contundentes de sus acusaciones contra directivos del célebre Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZOOMAT). Carlos Guichard Romero, biólogo y director de la institución, también asegura tener documentos que rebaten los dichos del primero. 

Escuchar a uno y otro deja la sensación que están en lo cierto; que cada uno tiene elementos de acusación y defensa. Es común en ese tipo de confrontaciones, aunque ambos niegan que las diferencias lleguen a ese punto crítico. Se declaran defensores de la fauna, principalmente de aquellas especies en peligro de extinción. ¿Quién dice la verdad?

A reserva de presentarles la versión video-grabada de ambos, para que usted, lector, se forme su propio criterio, le entrego un resumen del asunto que, hay que decirlo, no es menor, puesto que se trata de un tema intrínsecamente relacionado con la preservación del medio ambiente y la protección de las especies animales.

Para Orantes Abadía el área de cuarentena es en sí un “campo de concentración” donde conviven especies distintas en la misma jaula. Y pone como ejemplo el de las aves. Efectivamente, en una sola jaula conviven una guacamaya roja y un tucán. Lo pudimos corroborar durante un recorrido con el director del ZOOMAT, Carlos Guichard Romero, quien en su defensa explica que ambas aves no tienen conflictos de ninguna naturaleza y por lo tanto, su convivencia es permitida… Y normal. 

Otra de las acusaciones del conservacionista es que muchas de las especies no cuentan con una legal procedencia; es decir, que para su aceptación en el zoológico no se llenaron los requisitos legales de rigor, ni se cumplieron con los protocolos sanitarios existentes, lo que, alega, pone en grave y serio riesgo, la salud del resto de animales. 

En respuesta, el biólogo Guichard afirma que se tiene la infraestructura adecuada y necesaria para determinar el estado físico de los animales y actuar conforme a las condiciones de éstos; explica que el área de cuarentena funciona en óptimas condiciones y asegura que cada ejemplar admitido para su recuperación en ése sector cuenta con toda la documentación emitida por instancias federales, incluyendo certificados de salubridad requerido, que les garantiza proteger a todas las especies de cualquier brote epidémico, ejemplifica. 

En ese contexto, ahonda en el tema del alto índice de mortalidad que acusa Orantes, quien afirma que en los últimos meses habrían muerto alrededor de 20 ejemplares: “Como todo ser vivo —dice— hay muerte de animales, especialmente los que nos manda PROFEPA; son animales que vienen heridos, desnutridos, golpeados y que ya no responden a los tratamientos veterinarios”. 

En ese tenor va el asunto respecto a una de las instituciones más queridas de Chiapas. La más reconocida en materia ambiental a nivel latinoamericano. Orantes Abadía ha mostrado copias documentales de sus acusaciones; Guichard Romero ha abierto las puertas del ZOOMAT, incluso a zonas restringidas para refutar a su acusador. 

Alguien debe tener la razón y alguien debe ordenar una investigación más allá de lo que se debe mostrar. Y posterior a ésta, determinar las medidas apropiadas; en una parte de la entrevista con el director del zoológico admitió que existen algunas carencias y eso debe tomarse en cuenta para devolver el brillo al lugar o mejorar el que ya se tiene. 

Ha sido buena la denuncia del conservacionista, porque abrió un debate; y ha sido buena la reacción del director porque busca transparentar, dentro de lo que cabe, a una institución que merece toda la atención de las autoridades, especialmente ahora que se tiene un gobierno ecologista.

A simple vista parece no haber fallas. Pero habrá que ir más a fondo. Revisar interinstitucionalmente el tema, debe ser obligación prioritaria y urgente.

Por desgracia, otras instituciones involucradas como la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, por ejemplo, han reaccionado burdamente. Su titular, Carlos Morales Vázquez, ha enderezado una campaña de intimidación, acoso y amenazas contra Orantes Abadía, lo que ha generado sendas demandas penales ante la PGR y quejas ante la timorata CEDH. ¿Había necesidad?

No; pero la torpeza de Morales Vázquez, acusado en varias ocasiones de traficar con diversas especies animales y joyas arqueológicas, han provocado reacciones de ese calibre. Juzgue usted. 

Los datos proporcionados, casi día a día, por la dependencia encargada de “garantizar” la 
seguridad de Chiapas, son, en apariencia, halagüeños; las detenciones de delincuentes o presuntos delincuentes, son constantes. Un promedio de entre cinco y 15 criminales son capturados diariamente, según los números que arrojan los boletines policiales. Esto, solo en las ciudades más importantes. 

No obstante, el índice de criminalidad, no desciende. Los robos van en aumento y cada vez más, con uso de violencia excesiva, lo cual preocupa, pues significa que la delincuencia lleva muchos pasos delante de las autoridades. Si regionalizamos la criminalidad, encontramos que la franja fronteriza con Guatemala y la zona cercana a Tabasco, son las de mayor incidencia delictiva.

O eran. Porque conforme pasan los días, el fenómeno está creciendo exponencialmente hacia la zona Centro, Altos, Frailesca, Norte, Centro, Soconusco y Costa. De tal manera que en todas las regiones de la entidad, la inseguridad empieza a rebasar los programas institucionales que, hasta hace algunos meses, venían funcionando, sino bien, por lo menos regularmente, lo que ya era algo positivo. 

La cuestión de la inseguridad, según expertos, tiene varias causas de fondo, pero dos, son las más preocupantes: el altísimo índice de desempleo y el estancamiento de la migración. El índice de violencia en ciudades como Tonalá, Arriaga, Tapachula, Huixtla y otras comunidades costeras, es atribuible al crecimiento de la población migrante, dicen, aunque hasta ahora, ninguna autoridad ha presentado un estudio serio para reforzar esa teoría. 

Tampoco hay datos concretos para decir que el creciente desempleo es factor determinante, empero quienes sostienen ese punto de vista, se basan en la carencia de oportunidades laborales, lo cual es cierto. 

Algunos cálculos oficiales indican que solo dos de cada 10 detenidos, son de procedencia centroamericana. Así mismo, se sabe que tres de cada 10, son chiapanecos y los cinco restantes, de otros estados de la república mexicana. Es un dato significativo y a la vez, preocupante. Porque si volteamos hacia los últimos hechos, habremos de notar la utilización de armas de grueso calibre y desde luego, mayor uso de violencia. Vemos además, métodos más sofisticados, lo cual indica que son gente con amplia experiencia.

En los últimos años, la política gubernamental ha sido, principalmente, de prevención. Y ha tenido éxito. Relativo si se quiere, pero éxito al fin. Parece que ha llegado el momento de combatir frontalmente a esos grupos. La prevención es buena, pero no eficaz cuando se trata de hacer frente a modalidades más intrincadas, que requieren acciones contundentes.

Habrá de empezarse con, primero, una profunda depuración de los cuerpos policiales porque algunos de sus elementos, están de una u otra forma, ligados a quienes cometen fechorías. Segundo, debe mejorar el trabajo de los ministerios públicos, pero sobre todo, se debe erradicar la corrupción en esos entes, donde un soborno generoso, permite a los delincuentes salir por la puerta grande.

Tercero, los jueces deben ser vigilados, pues si el ladrón no es liberado por la policía que lo detuvo, lo es en el Ministerio Público o si no, frente al juez, que obviamente, no lo hace por falta de méritos, sino por exceso de billetes. 

Por último, se debe capacitar mejor a los policías, en todos los aspectos. Los nuestros, seamos francos, están capacitados para detener al borrachito de la colonia, fustigar a los chavos solo por su apariencia física o por su forma de vestir o lanzar gases a los manifestantes.

No tenemos una policía eficaz y eficiente. Sin ánimos de discriminar, lo único que los distingue es su enorme barriga o su capacidad para golpear a inocentes. 

La política de seguridad debe ser integral. Debe constituirse una policía competente; con un cuerpo de inteligencia que esté muy por delante de las acciones criminales, no con un grupo de chismosos, perseguidores de periodistas incómodos y líderes sociales rebeldes.

Es decir, gente que dé resultados positivos, no que solo engrose nóminas salariales. Gente que garantice la paz pública y el patrimonio de los chiapanecos. 

Es elogiable que a diario se detenga a uno o mil delincuentes; el reto es que éstos permanezcan donde deben estar pagando su deuda con la sociedad. Gastar recursos para detenerlos y dejarlos en libertad antes que la justicia cumpla su cometido, es un gasto innecesario.

La política de seguridad, debe ser integral. Incluir todos los aspectos, para asegurar el bienestar de todos los chiapanecos. Insisto: con políticas blandengues y cifras maquilladas, la seguridad solo será un tema pendiente.

La afirmación del presidente Enrique Peña Nieto, en torno al problema de la corrupción en el país (“la corrupción es parte de la cultura mexicana” paráf.), no es nueva, ni de aplicación remota o eventual. El fenómeno se ha enraizado por todos lados, principalmente en la clase política, cuyos integrantes se han llenado los bolsillos de manera excesiva y cínica.

Hace apenas unos días, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, fue exhibida como la propietaria de un lujoso departamento en Miami, Florida; al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, le descubrieron propiedades en ese mismo país, lo mismo que a la esposa del presidente, Angélica Rivera y otros “distinguidos” miembros de esa realeza impune y grosera. 

Para nadie es secreto que el 90 por ciento de los políticos y funcionarios mexicanos, utilizan recursos públicos para adquirir bienes en otros países. La lista de exgobernadores y gobernadores en funciones que se han apoderado de millonarias cifras provenientes del erario, para ampliar su riqueza personal, es larga. 

El caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se ha convertido en el de mayor escándalo, por las repercusiones que está dejando en el Ejecutivo Federal y por el derroche de medios al que su sucesor está recurriendo y que, no tiene otro objetivo que tapar con los excesos de Duarte, los propios, que empiezan a ser evidentes.

Así se va armando la cadena de corrupción; así también se va fortaleciendo la impunidad que ha sido el fundamento de cientos de hombres y mujeres dedicados a esa otrora noble tarea: gobernar para el progreso de los pueblos. 

De ahí que cuando el presidente Peña Nieto nos recordó esa penosa justificación de políticas fallidas, muchos se sintieron indignados. Y con sobrada razón, puesto que la frase salida de la boca de quien tiene la responsabilidad institucional y obligación moral de combatirla, sonó a burla, a vituperio, a escarnio oficial contra un pueblo que, hay que decirlo, ha permanecido silente, conformista y muchas veces solidario con los que han saqueado al país. 

¿Es la corrupción parte de la cultura mexicana? Sí y no. Sí, porque actualmente, ninguna política pública, ninguna estrategia, ninguna ley, ningún castigo ha sido suficiente para acabar con el flagelo; la corrupción se practica en todas partes. No, porque hay antes de ésta catastrófica crisis, un puñado de buenos ciudadanos que lucharon por forjar a un país progresista y sentaron las bases para su desarrollo. 

Si hoy se considera a la corrupción como parte sustancial del ser mexicano, es precisamente por las políticas fallidas y estrategias sin sustento. Hace todavía algunos años era impensable que un militante de la izquierda del país, se beneficiase con recursos públicos. Se consideraba hereje a quien siquiera, aceptase sentarse a dialogar con un priísta, por ejemplo. 

Por desgracia, quienes heredaron las siglas de partidos que antes lucharon férreamente y con dignidad contra la corrupción del PRI, son igual o peor de ladrones que los priístas.

¿De dónde la señora Barrales obtuvo el millón de dólares para adquirirlo? (Se presume que el departamento está tasado en más de millón y medio, pero ella ha insistido en uno solo.) ¿De sobornos políticos? ¿De venta de candidaturas? ¿Del erario de la CDMX? ¿Del erario de estados gobernados por el partido que dirige?

Entre ella y Anaya y una gran lista de políticos millonarios, se ha perdido el futuro del país y se ha mancillado la dignidad que otrora tuvo la oposición. En todo esto, podemos decir sin temor a equivocarnos que tan corruptos son los priístas como sus aparentes opositores. 

En ese contexto, debemos estar preparados para los discursos de campaña. No habrá uno solo de los candidatos que se asuma como parte de esa “cultura de la corrupción”. Habrá quienes prometan todo su esfuerzo para combatirla. Y no pasará nada. Discursos bofos; solamente palabras sin esencia ni sustancia, menos acción. 

Cuando la podredumbre se vuelve forma de vida, los pueblos mueren. Desaparecen. Lo estamos viendo ahora mismo: indiferencia, caos, anarquía. Son remanentes de la impunidad y la corrupción. Es el resultado de una autoridad sin supremacía moral y un pueblo silente, conformista. Si los santones de antes ahora son corruptos, ¿Qué debemos esperar de los ladrones tradicionales?