“Las autoridades no tienen verdaderas políticas migratorias y mucho menos, estrategias 
para la protección al menor migrante que, sorprendentemente, cada vez más viajan sin acompañamiento de un adulto; todo ello ha degenerado en trata de personas, prostitución infantil y turismo sexual, principalmente en la ruta del migrante hacia Estados Unidos”, me dijo la última vez que hablamos, a principios de éste año, a propósito de las constantes denuncias de abusos cometidos contra migrantes en la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala..

Ya antes, durante su encargo como Cónsul de Honduras en Tapachula, habíamos intercambiado datos sobre los excesos de los agentes del Instituto Nacional de Migración que incluía vejaciones, amenazas, maltrato físico y emocional, extorsiones, violaciones, detenciones arbitrarias e incluso, desapariciones forzadas que nadie ha querido investigar. 

A Patricia Yamileth Villamil Perdomo, le preocupaba el tema migratorio pero más, las condiciones en que viajaban miles de mujeres menores de edad que, al no poder saltar las casetas migratorias en territorio chiapaneco, eran retenidas hasta que por fin, las colocaban en bares y cantinas, donde eran (y siguen siendo) explotadas sexualmente. 

Me contó alguna vez el caso de Jazmín (nombre ficticio), una chica de su país que buscó ayuda en el Consulado. Dos años antes, agentes del INM la detuvieron en la caseta migratoria de Huehuetán. Tenía entonces 13 años. Un agente le propuso una relación amorosa para “salvarla” del encarcelamiento y posterior deportación. Ella aceptó, por temor. Durante los dos años siguientes, sin embargo, fue obligada a trabajar para una madrota que, en los primeros meses, la dejaba encadenada dentro de un cuarto para evitar su fuga. 

Cuando por fin tuvo valor y oportunidad para buscar ayuda, Jazmín era un desecho humano. “Tenía casi todas las enfermedades de transmisión sexual, aparte de llagas e infecciones provocadas por heridas no tratadas”, aseguró entonces Villamil Perdomo.

Del hospital a donde fue llevada para su tratamiento, Yazmín desapareció. Un hombre y una mujer que se hicieron pasar por familiares, la sacaron y nunca más se supo de ella. 

Las cifras que la diplomática poseía eran escalofriantes: casi un millar de hondureñas eran obligadas a prostituirse en la zona fronteriza con Guatemala, con la anuencia de autoridades federales y estatales. De ése número, cerca de seiscientas oscilaban entre los 13 y 17 años. Sus constantes denuncias y organización de foros para poner el tema en la agenda institucional, le valió su expulsión del servicio exterior de su país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación de México, en tiempos del ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa, solicitaron al gobierno del ex-presidente Porfirio Lobo Sosa, su remoción.

Aunque el gobierno hondureño argumentó razones sin importancia, Patricia Villamil, confió a algunos allegados suyos que su contraparte en realidad, la acusó ante su gobierno de “interferir” en asuntos internos. 

Sus denuncias derribaron muchos negocios redondos. Los ingresos por prostitución en ciudades como Tapachula, Huixtla, Mazatán, Tonalá y Comitán, reveló, “es de cerca de 300 millones mensuales, de los cuales, un 45 por ciento, se utiliza para el pago de sobornos a ciertas autoridades y retribuciones por facilitar personal”. Los beneficiados eran principalmente, agentes del INM, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal e incluso, diputados y alcaldes de las regiones involucradas.

A Patricia Villamil Perdomo la encontraron muerta el domingo pasado en su casa en el departamento de Cortés, al norte de Tegucigalpa. Por su activismo a favor de los migrantes y las mujeres, había recibido amenazas de muerte de diversos sectores que no compartían su lucha. Y de grupos que veían afectadas sus ganancias con la trata de personas y la prostitución infantil, temas en los que las instituciones, apenas si los tocan como referencia.

“Los foros son solo para las fotos; nada concreto, nada sustancial. Las víctimas ahí siguen. Solo se les utiliza para justificar viáticos e ir a turistear. Se han hecho propuestas realizables a los gobiernos del área —principalmente del polígono norte de Centro América: Honduras, Guatemala, El Salvador y México—, pero todo ha quedado en buenas intenciones. Nuestras niñas y niños siguen siendo violentados, esclavizados”, comentó esa ocasión en la que externó su esperanza de alguna vez, exponer ese tema ante la OEA o la ONU.

Ya no le dio tiempo. La muerte le alcanzó en circunstancias poco claras; tanto el gobierno hondureño como los medios de ese país, han minimizado su asesinato, como ocurrió con la muerte de Berta Cáceres, la ambientalista que sometió a grandes consorcios invasores. Descanse en paz, Paty Villamil. 

“Las autoridades no tienen verdaderas políticas migratorias y mucho menos, estrategias 
para la protección al menor migrante que, sorprendentemente, cada vez más viajan sin acompañamiento de un adulto; todo ello ha degenerado en trata de personas, prostitución infantil y turismo sexual, principalmente en la ruta del migrante hacia Estados Unidos”, me dijo la última vez que hablamos, a principios de éste año, a propósito de las constantes denuncias de abusos cometidos contra migrantes en la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala..

Ya antes, durante su encargo como Cónsul de Honduras en Tapachula, habíamos intercambiado datos sobre los excesos de los agentes del Instituto Nacional de Migración que incluía vejaciones, amenazas, maltrato físico y emocional, extorsiones, violaciones, detenciones arbitrarias e incluso, desapariciones forzadas que nadie ha querido investigar. 

A Patricia Yamileth Villamil Perdomo, le preocupaba el tema migratorio pero más, las condiciones en que viajaban miles de mujeres menores de edad que, al no poder saltar las casetas migratorias en territorio chiapaneco, eran retenidas hasta que por fin, las colocaban en bares y cantinas, donde eran (y siguen siendo) explotadas sexualmente. 

Me contó alguna vez el caso de Jazmín (nombre ficticio), una chica de su país que buscó ayuda en el Consulado. Dos años antes, agentes del INM la detuvieron en la caseta migratoria de Huehuetán. Tenía entonces 13 años. Un agente le propuso una relación amorosa para “salvarla” del encarcelamiento y posterior deportación. Ella aceptó, por temor. Durante los dos años siguientes, sin embargo, fue obligada a trabajar para una madrota que, en los primeros meses, la dejaba encadenada dentro de un cuarto para evitar su fuga. 

Cuando por fin tuvo valor y oportunidad para buscar ayuda, Jazmín era un desecho humano. “Tenía casi todas las enfermedades de transmisión sexual, aparte de llagas e infecciones provocadas por heridas no tratadas”, aseguró entonces Villamil Perdomo.

Del hospital a donde fue llevada para su tratamiento, Yazmín desapareció. Un hombre y una mujer que se hicieron pasar por familiares, la sacaron y nunca más se supo de ella. 

Las cifras que la diplomática poseía eran escalofriantes: casi un millar de hondureñas eran obligadas a prostituirse en la zona fronteriza con Guatemala, con la anuencia de autoridades federales y estatales. De ése número, cerca de seiscientas oscilaban entre los 13 y 17 años. Sus constantes denuncias y organización de foros para poner el tema en la agenda institucional, le valió su expulsión del servicio exterior de su país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación de México, en tiempos del ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa, solicitaron al gobierno del ex-presidente Porfirio Lobo Sosa, su remoción.

Aunque el gobierno hondureño argumentó razones sin importancia, Patricia Villamil, confió a algunos allegados suyos que su contraparte en realidad, la acusó ante su gobierno de “interferir” en asuntos internos. 

Sus denuncias derribaron muchos negocios redondos. Los ingresos por prostitución en ciudades como Tapachula, Huixtla, Mazatán, Tonalá y Comitán, reveló, “es de cerca de 300 millones mensuales, de los cuales, un 45 por ciento, se utiliza para el pago de sobornos a ciertas autoridades y retribuciones por facilitar personal”. Los beneficiados eran principalmente, agentes del INM, Policía Federal, Policía Estatal, Policía Municipal e incluso, diputados y alcaldes de las regiones involucradas.

A Patricia Villamil Perdomo la encontraron muerta el domingo pasado en su casa en el departamento de Cortés, al norte de Tegucigalpa. Por su activismo a favor de los migrantes y las mujeres, había recibido amenazas de muerte de diversos sectores que no compartían su lucha. Y de grupos que veían afectadas sus ganancias con la trata de personas y la prostitución infantil, temas en los que las instituciones, apenas si los tocan como referencia.

“Los foros son solo para las fotos; nada concreto, nada sustancial. Las víctimas ahí siguen. Solo se les utiliza para justificar viáticos e ir a turistear. Se han hecho propuestas realizables a los gobiernos del área —principalmente del polígono norte de Centro América: Honduras, Guatemala, El Salvador y México—, pero todo ha quedado en buenas intenciones. Nuestras niñas y niños siguen siendo violentados, esclavizados”, comentó esa ocasión en la que externó su esperanza de alguna vez, exponer ese tema ante la OEA o la ONU.

Ya no le dio tiempo. La muerte le alcanzó en circunstancias poco claras; tanto el gobierno hondureño como los medios de ese país, han minimizado su asesinato, como ocurrió con la muerte de Berta Cáceres, la ambientalista que sometió a grandes consorcios invasores. Descanse en paz, Paty Villamil. 

Para cuando Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales
(FEPADE), detallaba —sin detalles— la “investigación” que llevó a la detención de la ex-consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Margarita Esther López Morales, ésta ya tenía en sus manos el beneplácito de un juez para abandonar el penal de “El Amate”, bajo fianza. Una fianza ridícula. ¡Quince mil pesos!

Desde que se inició el proceso de investigación, el cabildeo entre fiscales, jueces, implicados, políticos y personeros gubernamentales fue intenso. Se buscaba evitar un daño mayor a la institución electoral. Y, por supuesto, a los grandes beneficiados de un proceso duramente criticado, por la falta de criterios democráticos. Se dictaron, en al menos tres ocasiones, las respectivas órdenes de aprehensión. 

En cada una, los nombres de los ex consejeros y ex-consejeras que habrían de ser parte del show, fueron removidos, excepto los de una ex-funcionaria administrativa del IEPC y de uno de los representantes de la empresa acusada de haber implementado el ahora llamado “fraude cibernético”. Un tercer empleado de alto rango de la dependencia, fue excusado en la última orden, así como dos representantes de la compañía que elaboró el falso padrón de chiapanecos residentes en el extranjero. 

Inicialmente, se había incluido a las cinco ex-consejeras y dos ex-consejeros. Filtraciones acordadas desde el Juzgado de Distrito donde se radicó el asunto y de la misma FEPADE, alertaron a los involucrados, quienes acudieron a diversos personajes de la política para solicitar su intervención. “Amenazaron con delaciones de alto riesgo”, contó una fuente que, por obvias razones, solicitó el anonimato. 

Para la segunda orden de arresto, María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidenta y principal orquestadora del fraude electoral investigado, ya no figuraba como candidata a la cárcel; fue hasta la tercer ocasión que Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales y Carlos Enrique Domínguez Cordero, eran los únicos consejeros con orden de aprehensión, junto con Amable Mendoza de los Santos, ex-secretaria Técnica de ese instituto.

Lily de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López, ex-consejeros miembros del Comité Técnico Especial para la Coordinación del voto en el extranjero, así como Jesús Moscoso Loranca, habían sido exonerados sin juicio previo, como marca la ley. 

No obstante, revela la fuente, los expedientes y anteriores órdenes de aprehensión, no han sido cerradas del todo. “Dependerá de factores externos e incluso, de presiones mediáticas, el que se reactiven o se archiven definitivamente”, dijo. Ello explica la extrema secrecía del titular de la FEPADE cuando salió a anunciar un hecho que había sido revertido legalmente. 

Explica también, la celeridad para declarar prófugos a los restantes implicados, aun cuando éstos, se han estado presentando a sus centros de trabajo o realizan actividades normales, incluso, en la administración pública federal. Tal declaratoria es bien conocida en México. Se trata de fugas pactadas, como ocurre con el ex-gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por ejemplo. 

De hecho, la detención de López Morales pudo haber sido condicionada. Todos los indicios a ello apuntan. Tanto así que su declaración preparatoria, fue un trámite terso y expedito. Trascendió que no mostró ninguna preocupación; se tomó tiempo incluso, para llamadas telefónicas en las que abordó asuntos de su agenda social. 

Todo nos lleva a algunas preguntas: ¿Está siendo, la FEPADE, seria en su trabajo? ¿Le creemos cuando las evidencias le son totalmente adversas? ¿Actúa por convicción o solo para cubrir apariencias? ¿Por qué recurre al ostracismo institucional? ¿Qué pretenden encubrir? ¿Por qué si existen las pruebas necesarias para castigar a todos los ex-consejeros y ex-consejeras, opta solo por los más vulnerables?

El fraude electoral del que se acusa a los involucrados, es grave. Merece, por tanto, una sanción severa, sin contemplaciones y de manera vertical. Si para hacer el show se rodean de medios, mejor es que se queden callados. Lo que lamentamos es que con ésta puesta en escena, solo fortalecen a la impunidad, alimentan la corrupción y destrozan a la democracia. 

Con farsas de esa índole, alientan a las instituciones electorales a violar las leyes y a los políticos, a actuar al margen de éstas. Tristemente, Chiapas sigue siendo el laboratorio de una federación perdida en laberintos sucios. 

El fútbol. ¡Ah, el fútbol! Ese fenómeno social avasallante; ese deporte popular que genera 
emociones multitudinarias, pasiones degenerativas y negocios multimillonarios. Ese sin el cual, un altísimo porcentaje de la sociedad, no tendría el contentamiento eficaz para el olvido de contrariedades íntimas.

Ese mismo que paralizó millones de gargantas el pasado fin de semana, cuando el gremio arbitral determinó parar todos los pitos, en protesta por la blandengue sanción a dos futbolistas que agredieron —o intentaron agredir— a dos silbantes. Al final, como todos saben, la crisis se solventó imponiendo a los agresores, el castigo que dicta la normativa… Y todos felices de nuevo. 

Pero, ¿eso acaba con la profunda crisis del deporte en el país? ¿Otorga confianza y credibilidad a dueños de equipos, directivos, cuerpos técnicos, jugadores, árbitros? No. La rebelión de los jueces del fútbol, ha sido apenas la punta del iceberg que nos indica que el peligro, es mucho mayor del que se cree. 

Constituido el futbol en la herramienta social para aminorar la presión sobre los problemas políticos del país, debería ser puesto a salvo. El vocablo “debería”, ajusta porque es un deseo, quizá solitario, ante la realidad que es contraria y pavorosa: el fútbol permanece secuestrado por empresarios sin escrúpulos, que practican cierto tipo de esclavitud sobre cientos de jóvenes deportistas. 

Ello ha desatado infructuosos intentos por crear un sindicato de futbolistas que proteja los derechos humanos, económicos y profesionales de éstos. En ese contexto, ha regido más el poderoso dinero de los dueños de los equipos incluso, sobre las leyes del país que garantizan plena libertad a los ciudadanos y castigan abusos que vulneren la seguridad jurídica de todos.

La “venta” de jugadores inter-equipos y en clubes de otros países, no es otra cosa que trata de personas, amparada en criterios que rebasan normas relacionadas con los derechos humanos. En esas transacciones, el jugador no tiene oportunidad de nada. Hemos escuchado declaraciones de muchos de ellos, mostrando su desacuerdo en ir a tal o cual equipo; otros, a modo de castigo, son enviados a clubes pequeños, donde su desarrollo profesional será nulo. 

De ahí se han generado cuestionamientos severos que han sido desoídos por directivos y autoridades. Siendo el fútbol la válvula de escape a la terrible crisis política y social, ha sido dejado en el abandono, a pesar de la generación de millones y millones de dólares en ganancias… para los empresarios y algunos gobiernos que se han apropiado de ese deporte. 

No vayamos lejos: la franquicia radicada en Chiapas (Jaguares), ha sido el ejemplo más claro del mal trato que los directivos dan a ese sector. Los sueldos les son retenidos constantemente. Las ganancias arriba mencionadas, no se reflejan en el buen desempeño de los jugadores, lo cual es lógico: “no pagas bien ni a tiempo, no trabajo ni rindo como quieres.” 

Desde esa perspectiva, hay que decir que todo el deporte está contagiado. Y más, el que depende de instituciones del Estado. Los pasados Juegos Olímpicos de Brasil, así lo demostraron. La corrupción ha invadido al deporte nacional. Ahí están los resultados de las selecciones nacionales en diversas ramas y categorías. 

Sobre eso está el mandato incontestable de las dos cadenas de televisión más grandes del país. Tratándose de fútbol, son los dueños de ambas empresas los que imponen directores técnicos del seleccionado y emiten órdenes sobre quienes deben componer el cuadro titular. Todo, de acuerdo a sus intereses financieros, nunca a favor de la gloria de nuestro deporte. 

De hecho, la defensa de los dos jugadores protagonistas del affaire que llevó al paro de pitos de la semana pasada, no se había dado en los tribunales deportivos, sino desde las cámaras y micrófonos de las aludidas. Porque así convenía a sus intereses, no al interés del aficionado que, con todo y las pifias en ese aclamado deporte, sigue llenando los estadios.

En lo tocante el asunto futbolero, lo que viene debe ser para mejorar y ofrecer un espectáculo distinto. Para lograrlo, debe prevalecer el respeto. Sí; respeto de todos lados. Porque los árbitros, no son la Santísima Trinidad. No son infalibles. Muchas veces, pitan a capricho de ellos mismos, de su gremio o a instancia de algún equipo en particular. Dicho de otra forma, cuando un árbitro se equivoque deliberadamente, también debe ser castigado.

Los jugadores por su parte, deben cumplir con el reglamento en vigor. Y claro está, rendir de acuerdo a sus capacidades. Jesús Corona, seleccionado nacional y portero del Cruz Azul lo definió muy claro: “El respeto debe ser recíproco.” No hay otra forma de lograr un fútbol más digno.