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Magisterio: El otro atraco

                La denuncia que ha presentado la Asamblea Estatal Democrática que la conforman maestros aglutinados a la Sección 40 del SNTE es muy grave. Se habla de un monstruoso fraude que podría ascender a 2 mil 850 millones de pesos y en el que estarían implicados desde funcionarios de medio pelo del ISSTECH hasta ex dirigentes de la propia organización magisterial.

                 Ya hay una demanda penal en la Procuraduría de Justicia del Estado. El escándalo emergió cuando los quejosos ventilaron la acusación en el diario de circulación nacional La Jornada en donde, con pelos y señales, dan a conocer nombres y montos del probable cuantioso peculado.

                No estarían descubriendo nada nuevo los maestros denunciantes. De por sí, las organizaciones sindicales pero principalmente la de maestros, se convirtieron al paso del tiempo en auténticas cofradías para el robo y la impunidad siendo el ejemplo más emblemático el de la maestra Elba Gordillo, todavía en la cárcel y quien tras un golpe de estado apoyada por Salinas de Gortari tomó por asalto el sindicato nacional de maestros.

                Amparados en la impunidad, los liderazgos en el SNTE ha tendido redes de complicidades para el hurto con las cuotas y los ahorros que los maestros van acumulando a lo largo de su servicio profesional.

                Ese dinero guardado, en teoría, es para el retiro de los maestros y al llegar a una edad avanzada puedan disfrutar la vida y los placeres sin dificultades.

                La caja de ahorro magisterial ha servido, sin embargo, para el pillaje sin límites. No sólo ha pasado en la Sección 40 sino también en la otra, la 7, en donde una y otra vez los maestros han hecho denuncias sin éxito por una razón simple: los líderes tienen un pacto político indisoluble con el gobierno aunque en las calles el griterío aparente una distancia feroz entre ambos poderes.

                En la sección 7 del SNTE se denunció un fraude de 27 millones de pesos en la caja de ahorro. La queja nunca prosperó porque los dirigentes fueron cobijados con el manto protector del gobierno de Sabines.

                Fue un abyecto maridaje auspiciado por el entonces subsecretario de gobierno Nemesio Ponce Sánchez. Los responsables del atraco no sólo no fueron encarcelados, sino que el gobierno los premió con doble plaza y comisiones gubernamentales en franca violación de las leyes.

                Lo mismo ocurrió en el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía. La demanda penal 669/CAJ4-B/2004 por un presunto fraude de al menos 51 millones de pesos a la caja de ahorro magisterial se engavetó en los cajones de la podredumbre por órdenes del propio gobernador Salazar.

            El a la sazón procurador Mariano Herrán Salvatti destruyó esa averiguación no obstante que, en el dicho, Salazar mantenía una guerra sin cuartel en contra del magisterio al que mantuvo a raya en todo su sexenio.

            Hoy la historia se repite como un infausto cronograma del pasado. Ahora son, se dice, 2 mil 850 millones de pesos el monto del atraco. Hay muchos nombres y una averiguación previa que ojalá camine para evitar más daño al patrimonio de los maestros que sí van a las aulas.

            Mientras el gobierno no se decida a terminar con ese sucio y lépero contubernio con las dirigencias sindicales los maestros que sí trabajan y la sociedad seguirán pagando las consecuencias.  Hoy hasta el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSTECH) es embarrado de fango.

            Los responsables, todos y del nivel que se trate, deben ser llevados a la justicia. Debe hacerse por principio de integridad moral y política para demostrar que la ley a todos nos iguala y a todos nos protege.