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Urge acabar con la mafia del transporte

            El miércoles 11 de enero de 2017, la capital Tuxtla Gutiérrez y miles de sus habitantes se enfrentaron a un nuevo caos, ahora desatado por el transporte organizado en una mafia que lidera desde hace mucho tiempo Bersaín Miranda Borraz, un pájaro de cuentas que bien ha sabido explotar la industria del chantaje.

            El transporte colectivo en la capital se ha convertido en una cuestión de primerísima necesidad porque miles de estudiantes, obreros, amas de casa o cualquier otro tipo de trabajador lo usa para desplazarse y llegar a tiempo a sus distintos destinos.

            El crecimiento poblacional exagerado que ha tenido Tuxtla en las últimas dos décadas ha complicado la situación. Es decir, la demanda de transporte es cada vez más creciente y el Estado, en contraparte, no ha tenido la capacidad de asumir estrategias para responder a esta necesidad ciudadana.

            Juan Sabines siendo gobernador puso en marcha el transporte colectivo llamado Conejobús y fue funcional en un principio acabando con un monopolio que representaban las rutas 1 y 2.  Hoy esas unidades engrosan las listas de vehículos destartalados que dan el servicio en la capital.

            El transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez es uno de los peores del país, a la par quizá del de Villahermosa, Tabasco. Aquí el usuario no sólo tiene qué soportar a conductores majaderos y abusivos, ignorantes, estúpidos, salvajes y mostrencos, sino además las unidades que prestan dicho servicio están en pésimas condiciones.

            Históricamente el transporte permanece agolpado en una pequeña mafia de sujetos corruptos que lo controlan a placer. Son los mismos que tienen decenas de concesiones y vehículos a su servicio; los mismos que ocupan cargos públicos y políticos y que, sentados en su hamaca rascándose su generoso abdomen, reciben ricas ganancias cada mes.

            La crisis que hoy se vive ya la esperábamos. ¿Qué otra cosa nos podía traer el mentado gasolinazo que no fuera este caos social que tiene al país en una encrucijada por la insensibilidad política del presidente Peña, a pesar de que trate de justificar tan brutal gravamen?

            Los transportistas quizá tienen razón porque, dicen ellos, todo ha subido. Pero no son los métodos, señores.

            Esa mafia, que gozó muchas canonjías en gobiernos pasados, más en el de Pablo Salazar Mendiguchía, se pasa por el arco triunfo la ley y lanza a sus agremiados a las calles a la hora que se le da la gana. Lo hizo de nuevo este miércoles y miles de indefensos ciudadanos sufrieron las consecuencias llenos de rabia e impotencia.

            Se trata de un atentado a los derechos humanos de los usuarios y un franco y abierto reto a la legalidad, al Estado, como lo han hecho siempre.

            Piden, piden y piden o amenazan o chantajean porque ese es su modus operandi. Pero ¿qué ofrecen? ¿Cuándo van a capacitar a sus conductores? ¿Por qué los usuarios tienen qué escuchar la música de banda de choferes sudorosos y andrajosos? ¿Por qué hemos de soportar agresiones verbales y hasta física no de choferes, sino de gorilas al volante?

            Las 190 rutas están conformadas por colectivos chatarra y en el mayor número de accidentes que ocurre en Tuxtla están implicados conductores de colectivos.

            Es tiempo que el gobierno ponga un alto a esta pandilla de facinerosos. Los tuxtlecos no podemos seguir siendo rehenes de sus abusos. Urge investigar a Bersaín Miranda Borraz y a otros identificados y pensar, muy seriamente, en desterrar el monopolio de una buena vez y liberar el transporte.

            A grandes males, grandes remedios.