De los editores

Historias dolorosas que no pueden repetirse

A mediados de agosto de 2003, la policía del entonces gobernador Pablo Salazar, que era lo que la Gestapo para Hitler, tomó por asalto la escuela normal rural Mactumatzá luego de una manifestación estudiantil frente al palacio estatal que exigía detener la tiranía gubernamental.

Antes, del trayecto del parque central a la escuela, la policía interceptó el camión repleto de normalistas y allí fue asesinado a tiros el chofer de la unidad Joel Martínez López. El secretario de gobierno era Rubén Velásquez López.

Notificado de esos hechos, Pedro Raúl López Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos a la sazón, se trasladó al hospital regional de Tuxtla en donde ya estaba el cadáver de Martínez. 

Rubén Velásquez supo de ello y llamó repetidamente al celular del Ombudsman. No tuvo respuesta porque López Hernández no contestó el aparato.

Cuando el Ombudsman llegó a sus oficinas en la colonia Moctezuma, todavía empapado por la intensa lluvia que caía esa noche sombría, sonó el teléfono directo. Del otro lado de la línea estaba el secretario de gobierno Rubén Velásquez López quien, rabiosamente, amonestó al abogado, lo amenazó groseramente y lo llamó alborotador.

-No se meta en pendejadas, cabrón, dijo Rubén Velásquez al Ombudsman quien le respondió: “Soy el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señor”. Y colgó.

Velásquez fue secretario de gobierno de 2003 a 2006. Su único mérito fue jugar baloncesto en sus  años mozo con el Torquemada Salazar. Durante su lapso como operador de Salazar se involucró en un golpeteo selectivo que, aparte de encorvar la justicia a conveniencia, estimuló el descontento social, favoreció la impunidad, mandó a prisión a hombres inocentes y sembró muchas cruces en los camposantos de las comunidades.

El 15 de febrero de 2005, el gobierno de Salazar ordenó un violento operativo en el municipio de Tila. En la madrugada de ese día unos 800 policías sectoriales armados al estilo Robocop (hasta los dientes se diría popularmente) sitiaron el pueblo, quemaron casas, golpearon a mujeres embarazadas, a niños y a ancianos. La rebelión estalló. 

La Comisión de Derechos Humanos, entonces también palafrenero oficial, inició la queja de oficio número CD/0035/02/2005 pero no pasó nada porque fue un mero trámite burocrático. El secretario de gobierno era Rubén Velásquez.

Inexcusablemente Velásquez también tuvo que ver en las  agresiones a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad que en ese gobierno llevaron a cabo una lucha épica por los abusos de la empresa paraestatal. 

Velásquez era el responsable de la política interna del estado, alfil y empleado de todas las confianzas de Salazar. Por deducción común supo, ordenó o participó en esas ilegalidades. 

La furia salazarista aplastó también al movimiento magisterial. La campaña de linchamiento mediático fue peccata minuta  en comparación a los encarcelamientos, las amenazas de muerte y las flagrantes violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales que sufrieron las figuras clave de la resistencia. 

La Organización Campesina Emiliano Zapata soportó un castigo semejante. El Secretario de gobierno era Rubén Velásquez López.

Son historias dolorosas que no deben repetirse nunca jamás en Chiapas.