·         Denunciaron que el titular de la dependencia, Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, despide a trabajadores de la misma para posteriormente dar estas plazas a sus familiares

 Empleadas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi), denunciaron que el titular de la dependencia, Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, despide a trabajadores de la misma para posteriormente dar estas plazas a sus familiares directos.

En conferencia de prensa, las ahora desempleadas hicieron una breve relatoría de la forma injusta e arbitraria de cómo fueron despedidas.

“El cese definitivo nos lo hicieron saber el pasado 8 de marzo, lo cual contraviene a lo aseverado recientemente por el Gobernador, quien aseguró en un acto público que en su gobierno no permitiría que las mujeres fueran maltratadas”.

Antonia Hernández Girón, empleada en Sedespi desde hace 12 años y la cual habló a nombre de sus otras dos compañeras (Margarita Guadalupe Zavaleta Castillo, con 8 años de antigüedad y Dolores Patricia Castellanos Zavala), recordó que la problemática inició desde marzo de 2016.

Señaló que la batalla ha sido difícil, pues inició el 2 de marzo de 2016. “Somos cinco los afectados y ese día todos llegamos a la dependencia a realizar nuestras labores cotidianas, no obstante, no hallamos las tarjetas de chequeo y al preguntar en Recursos Humanos el motivo nos informaron que por órdenes del Secretario habíamos sido cesadas”.

Acto seguido, los involucrados hicieron varios escritos que mandaron a Hernández Gómez, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), acción que originó que una semana después las llamaran para informarles que estaban comisionados a diferentes delegaciones de la Secretaría en la entidad.

“Este procedimiento no es viable en ninguna dependencia, por lo que acudimos al Colectivo de Mujeres (Colem) de San Cristóbal de Las Casas y paralelamente se nos acercó Édgar Rosales Acuña, quien era Subsecretario de Operación Regional  de la Secretaría de Gobierno en Los Altos, quien nos invitó a reunirnos con la Sedespi para dialogar y solucionar el conflicto”, narró.

Aseveró que luego de tres llamados, a ninguno llegó el Secretario Hernández Gómez, por lo que decidieron buscar ayuda en la capital del estado. “El 18 de marzo de ese mismo año llegamos a la Secretaria de Gobierno y nos atendió Fernando Pérez Robles, director de Derechos Humanos y Vinculación de Trata de Personas y Discriminación, quien nos emitió las medidas cautelares a un cese”.

Refirió que tras no acatar el responsable de Sedespi el documento buscaron ayuda en organismos federales, por lo que se ampararon en defensa de sus derechos y el 6 de mayo les dictan una orden de restitución. “Así es como regresamos a nuestro trabajo, no sin antes ser hostigados, desde ese mes hasta el pasado 8 de marzo del año en curso”.

Consideró que el haber denunciado las tropelías de Hernández Gómez los convirtió en “carne de cañón” para dicho funcionario. “Desde nuestro regreso nos acosaron hasta que a principios de mayo de este 2017 nos avisan de nuestro nuevo despido por una resolución de un amparo”.

Afirmó que luego de dicho aviso les han negado el acceso a la dependencia, basándose en la supuesta notificación de cese, mismo que fue promovido de manera arbitraria. “Tenemos la protección federal, pues nos restituyeron, por lo que  tenemos el derecho a trabajar”, subrayó.

·         Muchas de ellas lo hacen con vehículos último modelo sin que estos estén rotulados, lo cual hace imposible su identificación

La presidenta de la Comisión de Movilidad y Transportes del Congreso del estado, María de Jesús Olvera Mejía, denunció que tan sólo en la capital del estado existen aproximadamente 250 terminales de taxis y transporte de pasajeros que operan en el clandestinaje.

“Se debe hacer notar lo preocupante de esta situación, pues al ubicarse la mayoría de estas despachadoras de unidades en la zona Centro de la ciudad, originan infinidad de problemas, entre ellos congestionamiento vial y aumento de la delincuencia, por citar sólo dos”, dijo.

Señaló que al ser Tuxtla Gutiérrez la ciudad donde se hallan las oficinas de las dependencias más importantes, las personas llegan de todos los rincones del estado para realizar trámites de diversa índole, con la desventaja para quienes vivimos aquí que arriban al primer cuadro de la capital causando los problemas anteriormente citados”, remarcó.

Aseguró que muchas de las compañías que prestan el servicio de transporte de pasajeros lo hacen por medio de unidades automotrices último modelo para evitar así el pago de las concesiones respectivas, pues no les instalan logos ni número de serie lo cual hace imposible su identificación.

La legisladora pidió a las autoridades del Transporte, específicamente el titular de la Secretaría del ramo, Mario Carlos Culebro Velasco, a investigar a estas empresas, pues “está claro que alguien pesado está detrás de éstas apadrinándolas para que operen en la clandestinidad”.

Haciendo un rápido análisis aceptó que este tipo de problemáticas surgen por la falta de interés de todos los involucrados. “Son todos, incluida mi Comisión. Y es que debemos reunirnos y llegar a acuerdos, pues no es posible que por un lado se detengan en operativos a unidades piratas y, por el otro lado, alguien ‘poderoso’ haga una llamada para que se dejen libres”.