*Mediante amparos ganados de mala manera, funcionan 24 mil unidades piratas en Chiapas, reconoce alto funcionario de la secretaría del transporte

A pesar de contar con mecanismos y leyes para el control en unidades del transporte público/privado del estado, en Chiapas se estima la existencia de 24 mil vehículos  “piratas” que laboran de forma irregular.

El estado es un foco rojo de pirataje, donde se estima la existencia de 24 mil unidades de transporte que trabajan de forma irregular, señala en entrevista Álvaro Robles Cameras, secretario técnico de la Secretaría de Transporte del Estado de Chiapas, al destacar que la cifra equivale al mismo número de concesiones en la entidad.

“Nosotros tenemos como una estimación, que los mismos transportistas nos han brindado, el parque vehicular del transporte irregular es casi del mismo tamaño del transporte concesionario de 24 mil”, comenta.

En este sentido, Robles Cameras explica que en Tuxtla Gutiérrez, como los 121 municipios restantes, transportistas irregulares laboran bajo un amparo, recurso que se ha ganado de mala forma por las malas prácticas por parte de ex funcionarios públicos de la Secretaría de Transporte.

A esto, agrega que la dependencia reconoce la gravedad del asunto, ya que durante administraciones se han concedido amparos indebidamente.

“Tenemos una serie de problemas en Tuxtla con amparos que se han ganado de mala manera, por una mala práctica que tuvimos incluso en el interior de la secretaría, tenemos que reconocerlo, la secretaría no tomó las determinaciones legales correctas en su momento, algunos transportistas ganaron un amparo indebidamente y están circulando”, menciona.

Respecto a los problemas dentro del sector transporte, expone que al conceder amparos estos fácilmente son quebrantados, ya que el parque vehicular se está ampliado debido a la clonación de amparos, situación que afecta a verdaderos transportistas

“El problema de todo esto es que están circulando, multiplicando el amparo, clonándolo y están ampliando el parque vehicular afectando el ingreso de los concesionarios, de los verdaderos transportistas y que se conducen en el marco de la ley están siendo afectado por ellos”, dice.

Por lo anterior, afirma que la dependencia no cuenta con un número exacto ya que el recurso de amparo puede ser multiplicado y a la par se disfrazado por calacas o pintura, “no tenemos un número exacto, porque lo pueden multiplicar, le pueden poner calcas, pueden pintar un auto con una gran rapidez y montarlo, si se descompone uno ponen otro”.

Referente al tema de revocación de concesiones a líderes del transporte, menciona que el trámite se encuentra en proceso, donde actualmente existen aproximadamente 250 procedimientos a comparecer.

“El trámite está en procedimiento, hay aproximadamente 250 procesos de revocación de concesiones, está el trámite de la comparecencia, los señores transportistas tienen todos los derechos que les da la ley para defenderse, y nosotros tenemos todos los elementos y herramienta para hacer velar y valer el estado de derecho”.

Explica que al darse la revocación de las concesiones,  el órgano técnico de la dependencia las congela sin ser otorgadas a particulares u otros que reclamen por el derecho.

“Regularmente cuando se revocan las concesiones se congelan en el argot y en la jerga los transportistas dicen las concesiones quedan dormidas, que quiere decir que no se pueden otorgar por si solas y si al señor se la quitamos se la vamos a pasar a otro señor, hay un órgano técnico que deciden qué hacer con esas concesiones”. 

Hasta tres años de prisión y 300 días de multa podrán alcanzar automovilistas que hagan uso de equipos telefónicos mientras conducen o estén bajo el influjo de alguna droga, dio a conocer Ahmed Díaz Luciano, abogado del Juzgado de Control de Tribunales de Enjuiciamiento Región 1, al destacar la modificación de los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.

A esto, explicó que el pasado 23 de febrero la Cámara de Diputados aprobó dar cárcel de hasta tres años y 300 días de multa a choferes que provoquen accidentes de tránsito por encontrarse en estado de ebriedad, bajo el uso de alguna droga o por el uso de equipo telefónico.

En este sentido, comentó que respecto al artículo 171, el castigo se incrementó de seis meses a uno u hasta tres años de prisión, y de 100 pesos de multa hasta 300 días de multa a quienes violen la ley de tránsito en vías federales por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de las drogas.

A esto, agregó que de acuerdo al artículo 172, a quien conduzca utilizando radio, teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensajes de texto sin "manos libres" y cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano u homicidio, se le impondrá, además de la sanción correspondiente al delito cometido, una pena de uno a tres años de prisión.

"A quien conduzca un vehículo de motor utilizando radio, teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensajes de texto (...) y cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano u homicidio, se le impondrá además de la sanción correspondiente, de uno a tres años de prisión", citó.

De acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tuxtla Gutiérrez de mil 29 accidentes de tránsito, el 82 por ciento es por falta de precaución o distracción en el que implica el uso del teléfono celular, un cuatro por ciento es por estado de ebriedad, y el 14 por ciento restante por otros factores.

Según el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra), en el 2014 Chiapas fue el estado con menos accidentes vehiculares, sin embargo la tasa de mortalidad por tal actuar se estimó en 140 por ciento, tasa por arriba de la media nacional.